Santa Cruz de Tenerife
ARGEO SEMÁN PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS EN TENERIFE, LA GOMERA Y EL HIERRO

"La ley no cambia el modelo de territorio ni afecta a los espacios protegidos"

Miguel Gómez, S/C de Tenerife
14/nov/16 6:16 AM
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El proyecto "estrella" de la presidencia de Fernando Clavijo es también el que más controversia ha generado. Argeo Semán -arquitecto urbanista, profesional del planeamiento y presidente de la demarcación del Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro- considera que las posturas enfrentadas alrededor de la Ley del Suelo -la "bronca"- proceden de visiones previas de carácter partidista o ideológico y que la norma contribuye a eliminar algunas disfunciones en la gestión del territorio -derivadas de una legislación dispersa y en continua modificación y de la superposición de competencias-, aunque también crea otras.

¿Deroga la Ley del Suelo las Directrices?

Hay mucha gente contando versiones contradictoras. La ley no se carga las directrices completas, como se ha dicho. Se carga algunas que no tenían ningún sentido y otras las incorpora al texto. La ley no es mala. En algunas cosas, incluso, se ha quedado corta. No es verdad que modifique el concepto de territorio de Canarias ni que afecte a los espacios naturales protegidos, ni siquiera a su delimitación. No se cambian sus usos, ni sus condiciones ni se permite que se hagan barbaridades en ellos. No es verdad, pero es uno de los eslóganes que se han vendido.

El objetivo esencial de la ley es simplificar la legislación sobre el territorio. ¿Lo consigue?

En algunas cosas sí y en otras no. Lo logra al establecer un único código, al refundir la legislación anterior. Esta no es exactamente una ley nueva. Por eso no es una tragedia, no cambia el modelo de territorio y del medio ambiente. Una de las cosas que más está trabando los procedimientos urbanísticos son las contradicciones. También que se superpongan cuatro administraciones. Un trámite de un plan general necesita en torno a 25 informes. Es imposible que no haya contradicciones, salvo que las reglas del juego estén muy claras. El proyecto intenta cortar con eso, de modo que cada competencia corresponda a una sola administración.

¿Esa superposición de administraciones hace que los procedimientos sean mucho más lentos en Canarias?

Lentos y a veces imposibles, pero no es un problema solo de esta comunidad autónoma. Pasa en todas, y además está pasando en Europa, con la exigencia de la evaluación ambiental. No puede ser que la evaluación ambiental sea más importante que lo que vamos a hacer sobre el territorio. Un trámite de evaluación ambiental tarda entre 22 y 24 meses. A eso hay que añadir las diferentes fases del procedimiento y sus modificaciones. Por eso es muy difícil aprobar un plan en un intervalo inferior a diez o doce años, y hasta entonces no se puede mover una piedra. ¿Qué negocio aguanta eso? Ninguno.

Se ha criticado que algunos instrumentos que se introducen para salvar ese problema - los proyectos de interés insular y regional- son "puertas falsas".

Ese procedimiento ya existe en la ley actual. Ahora se intentan crear unas reglas del juego en función de esos intereses insulares, regionales o municipales. Al concentrar todo en un último trámite, si se aprueban esos proyectos tienen la capacidad de sustituir o modificar el plan general, territorial o parcial, pero se deja claro que tiene que haber evaluación ambiental, información pública y que cada administración tiene que informar. No se trata de sentarse con el alcalde y cargarse lo que haga falta.

¿No permiten más discrecionalidad?

No. Pero la discrecionalidad no es mala, lo malo es la arbitrariedad. La discrecionalidad quiere decir que hay distintas alternativas y de forma razonada se llega a una. No es porque a alguien le da la gana: eso es arbitrariedad.

¿Y el proyecto incluye suficientes garantías para que esa arbitrariedad no se produzca?

Creo que sí, pero al final depende de las personas. Con la responsabilidad penal, las decisiones arbitrarias se anulan y se corta el proceso. Pero si es discrecional no es ilegal, solo hace falta que esté justificado. Eso obliga a todo el mundo a razonar de verdad. Otra cosa es que alguien decida mezclar el mundo urbanístico con el delito penal por estrategia política. Eso no lo va a arreglar esta ley ni ninguna. Eso sí, algunos problemas se han solucionado, pero se han creado nuevos.

¿Qué soluciones aporta la ley?

Hay un aspecto que es una solución y también un problema: las competencias en los ayuntamientos. Simplifica y acorta el procedimiento. Quien tiene que tomar las decisiones de pequeño tamaño sobre su territorio debe ser el municipio, pero no podrá hacer lo que le dé la gana: hay una ley que no se lo va a permitir, un plan insular que pone condiciones y una serie de planes territoriales y legislaciones sectoriales. La gente cree que el plan general puede hacerlo todo, pero no es verdad. Estamos muy encorsetados. Pero esto se puede convertir en un problema si el ayuntamiento no tiene la suficiente capacidad técnica, jurídica y política. El plan general es más importante que los presupuestos municipales. Tiene que haber un liderazgo político que entienda el modelo de ciudad o de municipio, y tiene que ir acompañado de asesoramiento técnico y jurídico de los funcionarios municipales.

¿Están capacitados los ayuntamientos para afrontar esa tarea?

Algunos sí y otros no. No porque no haya arquitectos o abogados en los ayuntamientos, sino porque a veces no tienen experiencia en urbanismo. Esa es una de las debilidades del proyecto. Tendría que haber un esfuerzo de ayuda y preparación, con formación, subvenciones para tener oficinas técnicas montadas como dios manda... Si no se les da esa ayuda te cargas la filosofía de la ley.

¿Cotmac sí o no?

En un Estado democrático es impresentable que haya una tutela de unas administraciones sobre otras. El problema de la Cotmac es cuando se sale de sus funciones. La legislación da a la Consejería una capacidad de control de legalidad, que es lo que suprime la nueva ley, que dice: aquí no hay hermanos mayores ni menores, usted hace su control de legalidad y ya nos veremos en los tribunales. Hay siete planes aprobados por la Cotmac y anulados por los tribunales. No da ninguna garantía. En la nueva ley, lo que hace el órgano regional es emitir informes sobre las competencias de carácter regional.

CC y PSOE han acordado, en su adenda al pacto de gobierno, que ese órgano regional continúe encargándose de la evaluación ambiental estratégica.

Es la posición que hemos defendido siempre, porque la evaluación ambiental no puede circunscribirse al límite de un municipio, sino que debe tener como mínimo el ámbito de la isla. Además, ¿cómo va a ser capaz un ayuntamiento pequeño de crear dos órganos distintos que no pueden coincidir, uno de redacción del plan y otro ambiental?

Una de las críticas al proyecto es que con esa desaparición o pérdida de la Cotmac se pierde la visión regional.

La Comunidad Autónoma no va a renunciar a sus competencias y emitirá un informe preceptivo y vinculante sobre ellas. El principal miedo de la eliminación de la Cotmac es que el control de legalidad pasa a los ayuntamientos. Pero el que lo tenga la Cotmac no garantiza nada.

¿La ley introduce una mayor garantía jurídica?

Ni lo hace ni puede hacerlo. Establece unas reglas del juego. Es verdad que hay cuestiones que no son suficientemente claras, pero la ley no puede dejarlo todo resuelto, es imposible.

Se ha criticado la falta de una ficha financiera.

Lo que debería haber es una auténtica política de apoyo de medidas como la oficina de asesoramiento jurídico, fomento de la formación en másteres de Derecho Urbanístico y de Urbanismo...

Ha dicho que la ley crea algunos problemas.

Hay dos cuestiones que van a crear distorsión. Una es el derecho de compensar por conservar en suelo rústico, una buena idea mal plasmada. Se utiliza una técnica equivocada.

¿Por qué es equivocada?

La ley dice que ese señor que está en esa ladera (señala por la ventana) no puede hacer nada en ella, y que el que está debajo, que tiene un sector de suelo urbanizable, debe poner en dinero parte de sus aprovechamientos para pagarle. Pero solo se lo va a pagar él. Es injusto. Si alguien tiene suelo en un espacio protegido que conserva tiene derecho a una compensación de los presupuestos autonómicos o insulares. Se imponen al suelo urbanizable unas cargas desproporcionadas que van provocar que nadie haga nada.

¿Y el otro factor de distorsión?

Los planes generales estarán obligados a crear un catálogo de impacto con valoración económica. Se traslada una carga al plan cuando es, probablemente, un problema de disciplina urbanística.

Algunos cabildos, como el de Tenerife, no están de acuerdo con la pérdida de contenido de los planes insulares.

Porque sigue pensando que tiene que gobernar la isla. El problema es: ¿qué vas a gobernar? Si son los problemas de carácter insular, totalmente de acuerdo. Si va a bajar la escala para gobernar cuestiones municipales, totalmente en desacuerdo. Decisiones como la localización del hospital comarcal o de un corredor eléctrico no pueden depender de que el ayuntamiento diga que sí o que no. Lo importante es que esté argumentado y razonado, pero no puede ser que el interés general se pare por el particular. Para eso sirven los proyectos de interés insular o autonómico.

¿Y en qué aspectos que no les corresponden se involucran los cabildos?

El Cabildo de Tenerife quiere ser el único competente en la gestión del suelo rústico agrícola en la Isla. Es verdad que hay límites entre términos municipales que pasan por la mitad de las huertas, así que, ¿cómo es posible que se puedan hacer unas cosas en un lado y otras en el otro? Eso se soluciona dialogando. Hemos pedido al Cabildo sentarnos a hablar de criterios. Si son razonables, todos los vamos a asumir. Imagínese un señor de Benijos o de Icod el Alto al que se le cae un muro de piedra y que tenga que ir al Cabildo a pedir una autorización, con plazos que están entre nueve y doce meses.

Otro aspecto que ha creado polémica son los usos complementarios del suelo rústico.

Si a la rueda del coche se le aprieta mucho un tornillo, va a quedar muy inclinada y los otros no van a entrar. La ley ha apretado mucho algunas cosas, como los usos complementarios en suelo rústicos, hasta llegar a definir los que se admiten y los que no. Eso es lo que puede provocar el roce. Si se te ocurre algo no incluido en el concepto de la ley habría que modificar esta, en lugar de hacerlo en el mundo del planeamiento, a través de una ordenanza.

¿Puede haber un desplazamiento de las actividades del sector primario?

No es verdad que el suelo rústico vaya a desaparecer porque se admitan usos complementarios. No se podrá hacer un hotel en un espacio natural. La ley no dice eso. Establece que a los usos complementarios no se les puede dedicar más del 10% del espacio y los vincula a mantener el uso principal. Si tienes una huerta y montas una zumería solo funciona si usas las naranja de tu huerta; si empiezas a comprarlas en el supermercado, pierdes la autorización. El sector primario necesita rentas complementarias para mantenerse. Hasta ahora se ha hecho por la vía de la subvención. El otro mecanismo es permitir esos usos complementarios.

Participación no es solo reunirse

Una de las críticas más frecuentes a la Ley del Suelo se refiere a la inexistencia de un verdadero proceso participativo. El presidente de la Demarcación del Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro matiza que ha habido participación "formal", pero que no siempre se ha escuchado lo suficiente. "Hay que analizar si el Gobierno ha aprovechado las cosas que le han dicho los diferentes colectivos", apunta Semán. En cuanto a los arquitectos, no se han sentido "particularmente apoyados", aunque admite que el Ejecutivo tampoco estaba obligado a ello.

Las ciudades, las grandes olvidadas

El proyecto de ley regula al detalle ciertos aspectos, pero en otros ha optado por no entrar. Así, "pasa muy por encima" del turismo, los conjuntos históricos y, sobre todo, la renovación urbana, una de las reivindicaciones de los arquitectos, que abogan por priorizar la actuación pública frente a la privada en las ciudades. "Puedes tener un agujero espectacular en el centro de la ciudad y, sin embargo, tienes que crecer por fuera, donde hay un propietario único al que le compras y no existen los problemas de gestión", expone Argeo Semán.

Una ley de aplicación inmediata

La Ley del Suelo está concebida para aplicarse desde el primer día de su entrada en vigor. La regulación exhaustiva de muchos aspectos en la norma -sin esperar a un desarrollo posterior- así lo indica. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, según Semán: la norma será "ejecutiva" desde el inicio, pero también resultará más complicado modificar los contenidos que la práctica demuestre equivocados.