Canarias

La estructura del sector público se reformará para ganar transparencia

El Ejecutivo crea un grupo de trabajo que estudiará la revisión de la administración para hacer frente a los retos del gobierno abierto Sus resultados se plasmarán en una ley.
M,G., S/C de Tenerife
26/abr/18 5:59 AM
Edición impresa
Edificio Usos Múltiples II, que alberga numerosos departamentos de la administración autonómica en la capital tinerfeña./El Día

M,G., S/C de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha iniciado el estudio de la estructura y el funcionamiento del sector público autonómico para proponer modificaciones que permitan hacer más viable las políticas de transparencia y la participación de la ciudadanía. El proceso debe culminar, en el plazo máximo de un año, con la elaboración de un anteproyecto de ley en el que se plasmen los cambios necesarios.

El camino emprendido por el Ejecutivo está previsto en la estrategia de gobierno abierto aprobada el año pasado y se articula en "tres niveles de trabajo": un grupo de reflexión, de carácter técnico; otro de contraste, al que se llevan las propuestas formuladas por el primero, y un grupo de trabajo conformado, sobre todo, por representantes políticos, aunque también por funcionarios, detalló a este periódico el director general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno autonómico, Pablo Hernández.

Los dos primeros grupos llevan en funcionamiento "unas semanas", indica Hernández -cuyo departamento está adscrito a la Consejería de Presidencia-, mientras que el tercero fue creado hace unos días mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias. El director general explica que todas las comunidades autónomas se han visto obligadas a adaptar su estructura y funciones a las nuevas demandas de la sociedad, pero que son pocas las que han comenzado a trabajar para introducir los cambios requeridos.

"La sociedad es hoy completamente diferente a la del momento en que se crearon esta estructura y estos modelos organizativos", argumenta Hernández. La creciente demanda de transparencia y participación no se corresponde, en muchas ocasiones, con el funcionamiento y la organización de las administraciones. "No tenemos estructuras adecuadas para facilitar la participación", admite el director general, que va más allá y advierte de que estas estructuras dificultan, por ejemplo, la adaptación a la Ley de Transparencia.

La intención del Gobierno es que la tarea que deben completar estos grupos esté finalizada antes del año que se ha establecido como plazo. Sin embargo, puntualiza Hernández, esto no significa que la ley reguladora del sector público -este sería su nombre- esté aprobada antes de que concluya la legislatura. De hecho, Hernández se muestra convencido de que la índole técnica del trabajo realizado permitirá que sea asumido por un próximo gobierno y que este "lo haga suyo".

El director general de Modernización y Calidad de los Servicios avisa de que la magnitud de los retos que afronta la administración y de las demandas que expresan los ciudadanos hacen inviable que la reforma que finalmente cristalice sea "solo un cambio de escaparate". "Necesitamos un cambio tan importante como el que ha experimentado la sociedad", asegura.