Canarias
PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN

Gobierno y agentes sociales acuerdan ampliar la PCI al triple de beneficiarios

Se relajarán los criterios para percibir esta ayuda, que se pretende llegue en 2023 a más de 80.000 personas en el Archipiélago
Santa Cruz de Tenerife, EFE
3/oct/18 16:16 PM
eldia.es
Séptima reunión de la mesa de la Concertación Social en las Islas./Cristóbal García (EFE)

El Gobierno de Canarias, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CCE han alcanzado hoy un acuerdo en el marco de la concertación social para ampliar la aplicación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) a unas 80.000 o 90.000 personas beneficiarias hasta 2023, frente a las 13.000 familias actuales (27.000 personas beneficiarias).

Los criterios para percibir la PCI, que consiste en la asignación de una renta vinculada a un itinerario de inserción social para familias sin ingresos, serán flexibilizados y el presupuesto pasará de los actuales 60 millones de euros hasta los 123 o 130 millones en 2023, explicó tras la reunión de la mesa de concertación social la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido.

Para aplicar este acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, es necesario aprobar la ley de servicios sociales en el Parlamento, que daría cobertura jurídica a la contratación de nuevo personal a los servicios sociales de los ayuntamientos para gestionar los nuevos expedientes, explicó Valido.

También es necesario que se apruebe el presupuesto regional de 2019, al que se incorporarán 15 millones de euros adicionales para la PCI destinados a la contratación del nuevo personal en los ayuntamientos.

A partir de la aplicación de este acuerdo, las familias con menores de edad a su cargo podrán mantener la PCI indefinidamente, sin el límite de tiempo de dos años, y seguirán cobrando la prestación hasta que su situación haya cambiado.

Otra de las mejoras es que las familias sin ingresos con hijos de entre 18 y 25 años que estén estudiando podrán mantener la ayuda, para que los jóvenes puedan seguir formándose y no se vean obligados a dejar sus estudios y ponerse a trabajar.

A la vez, se reducen las condiciones de incompatibilidad para percibir la PCI, de manera que si el beneficiario acepta un contrato temporal no se vea obligado a renunciar a la ayuda para luego volver a solicitarla desde el principio cuando se queda de nuevo sin empleo, sino que se suspende mientras esté trabajando.

Además, si un beneficiario consigue un contrato por horas por el que percibe menos de 650 euros, podrá hacerlo compatible con la percepción de la PCI, una medida que se adopta para que no tenga que renunciar a lo que puede ser una puerta de entrada al mercado laboral que podría desembocar en una ampliación de horario o de contrato.

Cristina Valido hizo un llamamiento a los grupos políticos del Parlamento de Canarias para sacar adelante estas propuestas de concertación social, lo que requiere tanto la aprobación del presupuesto autonómico como de la ley de servicios sociales.

La consejera indicó que ahora se gastan unos 54 millones de euros anuales en la PCI, que serían 60 si se incluye el personal contratado por la Consejería, La previsión es que la partida alcance entre 123 y 130 millones en 2023, con un número de beneficiarios que pasaría de las 13.000 familias actuales (27.000 personas) a entre 80.000 y 90.000 personas.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mostró su satisfacción por este "gran acuerdo" con los agentes sociales, que va a permitir dar una respuesta a la gente que peor lo está pasando para continuar en el itinerario de integración social y laboral.

El secretario general de UGT de Canarias, Gustavo Santana, se sumó al llamamiento a los grupos parlamentarios para que den cobertura presupuestaria a esta ampliación de las prestaciones sociales destinadas a las familias que peor lo pasan

Inocencio González, secretario general de CCOO, destacó el "pleno consenso" en la ampliación de la PCI, que supondrá una respuesta para 40.000 unidades familiares, muchas de las cuales actualmente no tienen prestación.

Además del acuerdo sobre la PCI, la reunión entre el Gobierno y los agentes sociales sirvió para abrir la negociación sobre la séptima concertación social, que se va a desarrollar en tres mesas, una sobre sostenibilidad del sector publico y política fiscal, otra sobre igualdad salarial entre mujeres y hombres y la tercera sobre la reforma de la formación profesional dual.

Eduardo Bezares, secretario general de CEOE de Tenerife, destacó la nueva mesa sobre la formación profesional dual, en la que se esperan acuerdos que ayuden a alinear la oferta del mercado de formación con la demanda empresarial.

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