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WLADIMIRO RODRÍGUEZ BRITO

La extracción de áridos en Tenerife: el caso de Güímar

20/ene/08 18:36 PM
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En los últimos treinta años se ha multiplicado por cuatro la cantidad de turistas que recibe Tenerife y que -como sabemos- se concentran, fundamentalmente, en el sur de la isla y, en menor medida, en el Puerto de la Cruz. De la misma manera, se han multiplicado el número de camas turísticas, desbordando las previsiones más optimistas. Baste el ejemplo de los últimos años. En el período comprendido entre el inicio de la moratoria turística, (enero de 2001), sancionada a posteriori con la Ley de Directrices del 2004, y el 2006, las plazas turísticas han evolucionado de 359.887 a 413.330 (ISTAC); es decir, han crecido en algo más de 50.000, a lo que falta por añadir las cifras del último año. Resulta casi obvio reseñar que la "moratoria" tuvo un efecto perverso y -creo sinceramente- no deseado por sus promotores políticos: disparó exponencialmente el ritmo de construcción en plena vigencia de la prohibición y ,además, muchas de las que lograron licencia siguen esperando el momento económico oportuno para construirse.

Con ese volumen de construcción en unas islas tan pequeñas y fragmentadas es fácil imaginar que ha hecho falta una enorme cantidad de materiales constructivos, fundamentalmente áridos. Y ¿de dónde han salido estos áridos en Tenerife? Fundamentalmente, del municipio de Güímar y, en menor medida, de los de Arafo y Candelaria, puesto que las mayores cuencas sedimentarias insulares se localizan en el Valle de Güímar, en especial en el Barranco de Badajoz, que concentra la mayor cantidad de puntos de extracción. Esta actividad desarrollada durante más de cuatro décadas, de forma intensiva, ha generado un acusado impacto ambiental y paisajístico. Un "paisaje lunar" de grandes cráteres y gigantescos taludes, que se explica por varios motivos: desde la apatía e indiferencia de las diferentes administraciones ante unas explotaciones ilegales e incumplidoras reiteradas de la legislación preceptiva, hasta un desentendimiento total de las empresas promotoras una vez que los terrenos dejaban de ser rentables. Es recomendable asomarse desde el Mirador de Don Martín, en la carretera general del Sur, para comprobar en primera persona, casi como si de una fotografía aérea se tratase, el espectacular impacto para el paisaje que supone esta actividad minera realizada sin control de ningún tipo a lo largo de generaciones.

En los últimos años, la actitud del Ayuntamiento de Güímar experimentó un giro de 180 grados, alentado por un evidente clamor popular más allá de cualquier connotación partidista, lo que llevó a pasar de la complicidad con los extractores a instar que se cumpliera la legislación vigente, lo que llevaría aparejado el cierre inmediato de las citadas empresas. Desde la parte contraria, extractores y constructores, se aludía al "carácter estratégico" de los áridos -en la isla- para justificar la flagrante ilegalidad. En otras palabras, que "el mal menor", la destrucción del paisaje de las medianías del Valle, los daños a la agricultura y las molestias a la población local, se justificaban ante el posible "mal mayor", la paralización de la economía tinerfeña, sustentada en el turismo y la construcción. Se trata de una táctica habitual en muchos escenarios sociales y económicos, amenazar con el caos y el apocalipsis bíblico para no tocar nada que dañe determinados intereses, consolidados no por las leyes sino por el tiempo.

El mismo tiempo que acaba poniendo a cada uno en su sitio. La anterior corporación municipal, presidida por la popular Vicenta Díaz, cerró cuatro de las cinco canteras, y no ha pasado nada. No era cierto que la economía de la Isla dependía de los áridos de Güímar. No era cierto que la construcción se paralizaba sin los áridos de Güímar.

Un elemento curioso de esta historia es que los extractores esgrimen un "papel" para defender la "presunta" legalidad de su actividad: se trata del "permiso minero" que otorga la Consejería de Industria y que -según ellos- les habilita para realizar su trabajo. Sin embargo, esto no es cierto y así lo han determinado los tribunales de justicia sin discusión posible. Dicho permiso es uno más, dentro de un conjunto de autorizaciones y licencias que -igualmente- deben ser obtenidas para iniciar la explotación, y de las cuales carecen. Si no se cuenta con la totalidad de los permisos necesarios, tal actividad extractiva no debe iniciarse. Justo lo contrario de lo que ha ocurrido, puesto que todas carecen de las licencias municipales pertinentes. En otras palabras, el permiso de Industria en solitario equivale a "papel mojado".

Ahora, la nueva Corporación, presidida por el socialista Rafael Yanes, pide a las administraciones competentes que se elabore y se aplique de manera urgente un Plan de Restauración del Paisaje y de Canalización de los Barrancos, y que "lo financien los mismos empresarios que se han lucrado durante todos estos años, extrayendo áridos sin medida y sin atenuar los impactos". Sólo beneficios, sin coste medioambiental alguno, la vieja táctica de la "tierra quemada". En resumen, el Ayuntamiento pretende que se aplique el ya famoso principio "el que contamina paga", tan conocido como poco desarrollado en estas latitudes atlánticas. Mientras, los empresarios del sector están más por "coge el dinero y corre", tal y como han funcionado en los últimos cuarenta años.

Mi opinión personal es que es más probable que esa restauración del paisaje -si algún día se produce- se sufragará con dinero público, proveniente del Cabildo, del Gobierno de Canarias, de Madrid o de Bruselas. Es mucho más realista plantearlo así que esperar que el sector de los extractores de áridos cumpla con sus obligaciones legales y morales, pasadas y presentes.

En todo caso, a pesar de que suelo ser extremadamente crítico con el comportamiento ambiental de la gran mayoría de ayuntamientos tinerfeños y canarios -y sin que sirva de precedente- me parece que Güímar constituye un ejemplo perfecto y digno de reconocer públicamente, de unión de todos los partidos políticos a favor de un objetivo ambiental de primer orden, de protección y conservación del paisaje. Un ejemplo que, por cierto, no se ha extendido a los municipios colindantes, Candelaria y Arafo, donde -curiosamente- las empresas extractoras continúan trabajando a destajo en la misma situación de ilegalidad.

WLADIMIRO RODRÍGUEZ BRITO