Santa Cruz de Tenerife
OPTIMISTA NATO PABLO ZURITA ESPINOSA

La punta del iceberg

29/abr/17 6:13 AM
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Corrupción. Infundado descrédito de la clase política. No se deje engañar, los titulares son interesados. Ni un presidente de comunidad autónoma ni un ilustre diputado ni un concejal de urbanismo tienen capacidad por sí mismos de sisar un duro de dinero público. El saqueo de cualquier administración requiere de varios colaboradores necesarios. Y es que el tesoro dispone de guardianes responsables de su custodia, de férreos procedimientos y de mecanismos de control. Por tanto, al destapar la tropelía, la investigación debería aclarar si el plan fue cosa del político, de alguno de sus funcionarios o de un tercero, qué ganancias satisface el reparto para cada uno y cómo se urdió y ejecutó la apropiación indebida, en su caso. El contribuyente encontrará más eficaz conocer la trama completa y acabar con ella que entalegar al cargo electo. El sacrificio del cabeza de turco no es suficiente para desmontar la corrupción que destruye la convivencia democrática.

Escrúpulos. Este clima de hartazgo popular hacia los políticos en general y la creencia de que todos son corruptos en potencia mantienen alejados a profesionales independientes y a directivos de la empresa privada que mucho podrían aportar a la gestión de lo público. Imposible plantearse en serio un paréntesis en su carrera para trabajar por el bien común si conlleva exponer su propia reputación. Hemos creado un sistema político endogámico que se nutre de la propia administración y de personas que no tienen nada mejor que hacer. Se constata el secuestro. El perfil de todos los protagonistas -incluidos los impulsores de la "nueva política"- confirma esta teoría. Cuando escuche despotricar sobre los jóvenes y su actitud frente a la vida, piense la herencia que recibirán; no sé si serán capaces de descontaminar, pero mantengo la esperanza.

El suelo. También estamos atrapados. Ni la clasificación como rústico o urbano ni la posibilidad de autorizar ciertas actividades y de prohibir otras fueron/son resultado de la aplicación del método científico. Imposible racionalizar un sistema de gestión del suelo que se fundamenta en derechos adquiridos fruto de decisiones políticas del pasado sustentadas sobre vaya usted a saber qué supuestos y/o prebendas. Y es que suelo urbano y urbanizable hay de sobra en Canarias, adquirido en su momento a un precio ficticio para atender unas expectativas de beneficio irreales. Pero los negocios viables -hasta la promoción inmobiliaria- no tienen capacidad para absorber desproporcionados costes de implantación, ni tampoco los propietarios aflorarán las pérdidas. Y entonces la ley en trámite propone permitir actividades complementarias en los suelos agrícolas, más baratos, para posibilitar generar rentas y empleo. No entiendo, a ver si nos aclaramos: el problema territorial ¿es cuestión de disponibilidad, de oportunidad o de precio?

Resignación. Como retroceder derechos cuesta dinero, virgencita déjame como estoy: el 50% espacios naturales, perfecto; residencial e infraestructuras tienen sitio para los próximos 50 años y el resto, el suelo agrícola, déjemelo quieto. Que las expectativas de beneficio tienen parado el suelo apto para la actividad económica, pues liberalizamos el uso y lo gravamos con impuestos. Que deseamos potenciar la actividad agrícola y ganadera, pues damos facilidades en el suelo rústico pero con estricto criterio económico y garantía de reversión. Cualquier propuesta que admita discrecionalidad técnica en este delicado asunto político está condenada al fracaso. No se atreverán pero bastaría con establecer los límites, prever controles y dejar funcionar la lógica de mercado.

Las Teresitas. Nos deberían aclarar qué va a pasar con la playa. Si ahora redactarán el proyecto del nuevo plan, si el dinero de la condena existe y, en su caso, si se podrá usar para acometer las obras. Los usuarios estamos expectantes, impacientes.

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