Criterios
LO ÚLTIMO:
foto del aviso
La caravana de hondureños se lanza al río para esquivar a la Policía de fronteras mejicana leer
OLIVIA DELGADO*

La lucha contra la violencia hacia la infancia, una prioridad para el Gobierno

4/oct/18 6:10 AM
Edición impresa

La violencia más despreciable es aquella que tiene como víctimas a los más vulnerables. En el año 2016, último año del que se tienen datos, se interpusieron 37.495 denuncias por delitos violentos contra menores de edad, según el Ministerio del Interior.

Pero a pesar de esta dramática situación, el anterior Gobierno del PP no tuvo en su agenda legislativa aprobar una norma de protección hacia la infancia y adolescencia ante la violencia. Incluso Naciones Unidas, en el informe de evaluación de España sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, pidió a nuestro país la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia sobre la Infancia.

La terrible realidad, desconocida para muchos, es que se está produciendo no solo un incremento de la violencia en general, sino que se está produciendo un incremento de la violencia hacia los y las menores. Violencia que va desde acoso psicológico, desatención, trato negligente hasta agresiones físicas y abusos sexuales. Ante esto, el Gobierno del cambio liderado por el presidente Sánchez se ha puesto en marcha con el objetivo de aprobar en el Consejo de Ministro antes de final de año una ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia. Debo además reconocer la labor de las organizaciones de infancia por su trabajo y esfuerzo por concienciar a los poderes públicos y a la sociedad sobre este gravísimo problema.

Así pues, recientemente el Consejo de Ministros ha tomado en consideración el informe de anteproyecto de ley, una ley integral que abarcará todos los ámbitos: familia, educación, entorno socio-sanitario, medios de comunicación y redes sociales, deporte y ocio, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y operadores jurídicos.

Esta violencia afecta a los niños y niñas, independientemente de su situación económica, de su origen étnico, de su género, del lugar donde vivan o su edad. Aunque es cierto que son más vulnerables las niñas por el hecho de ser niñas, los y las menores con discapacidad, o los menores que no están amparados directamente por sus familias.

Quizás se sorprenda y escandalice al saber que del total de denuncias presentadas por abuso sexual en 2016, más de la mitad tenían a un menor como víctima. Ya sabemos que las víctimas aún siendo mayores de edad, suelen entrar en estado de shock y a veces pueden tardar días en denunciar o ni siquiera llegar a hacerlo. Pues aún es más grave cuando hablamos de menores cuya inocencia les hace ser desconocedores de que están siendo agredidos y pueden tardar incluso años en darse cuenta. Lo que hace que en casos de abuso se tarde una media de 4 años en detectarlos. La falta de información, sensibilización social y de estrategias de prevención, hace que muchas familias tengan dificultades de cómo enfrentar y detectar estas situaciones de violencia hacia la infancia.

Esta norma entre otras medidas incluirá la puesta en marcha un registro único de información sobre menores víctimas que permita focalizar toda la información estadística sobre la violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia, además del deber de denuncia por parte de la ciudadanía y de los entornos familiares y profesionales que tengan conocimiento de cualquier indicio de violencia. En definitiva, la ley tiene como objetivo la prevención y protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier situación de violencia.

La Comunidad Autónoma de Canarias también debe disponer de mayores recursos ante esta situación tan dolorosa y grave que afecta a la infancia. Se deben dotar recursos en los ámbitos sanitario, educativo y psicológico, pues la falta de ellos unida a la ausencia de estrategias para canalizar este problema ha llevado de una manera alarmante a la desprotección de la población infanto-juvenil. Así, Coalición Canaria y el Partido Popular tendrán muy difícil justificar el bloqueo que están planteando al Gobierno socialista para continuar la agenda social que ha puesto en marcha el Gobierno del cambio, un Gobierno implicado en dar soluciones a los verdaderos problemas de la ciudadanía.

*Senadora por Tenerife

Secretaria segunda de la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia

OLIVIA DELGADO*