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MANUAL DE OBJECIONES JORGE BETHENCOURT

El circo

8/nov/18 6:27 AM
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Este circo de tres pistas en el que se ha convertido la política sigue ofreciendo espectáculo de forma incansable. Esta semana va de ética y justicia. María Dolores de Cospedal ha dejado sus cargos en el PP y su escaño, forzada por Pablo Casado, que quiere una "nueva era" de tolerancia cero en su partido. Una sabia decisión que deja ahora en pleno desaire a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la otra afectada por las grabaciones del comisario Villarejo.

En Canarias, el PSOE ha considerado inaceptable que los nacionalistas de CC hayan puesto en tela de juicio la neutralidad de la Fiscalía, que lleva meses de retraso en el trámite de un informe sobre el caso Grúas. Parece increíble, pero es el mismo partido que puso en cuestión no una sino varias veces la neutralidad de la jueza Alaya en el caso de los ERE en Andalucía.

¿Es extraño? No. Es que las reglas morales se vuelven más o menos laxas en función de que te afecten a ti o a los tuyos. Es comprensible. Y muy humano. Es lo que les pasa a los denunciantes del caso Grúas, que han presentado una recusación contra el presidente del TSJC, Antonio Doreste, acusándolo también de falta de neutralidad. ¿Escandaliza esa duda? No. Esa no. Por aquello del color del cristal con que se mira.

Y para terminar, hemos tenido un tsunami de indignación porque el Tribunal Supremo falló a favor de los bancos el famoso caso de las hipotecas. Todos los partidos políticos se lanzaron inmediatamente a poner a parir a los jueces acusándoles de haber sido permeables a las influencias de la banca.

¿Para qué queremos a la Justicia si los fallos siempre tienen que ir a favor de la demagogia? Sería mucho mejor echar a los magistrados y fiscales y votar por Twitter, comprobar el resultado y a tomar viento. Ponerse del lado de los clientes -y soy uno de los perjudicados- es muy confortable. Lo realmente difícil es tomar decisiones impopulares en la creencia de que son las más justas.

Pedro Sánchez anunció ayer que estaba dispuesto a cambiar la ley para que los ciudadanos dejen de pagar el impuesto. Es lo que tendrían que haber hecho hace mucho tiempo. Porque si los jueces se han hecho la picha un lío con sentencias contradictorias entre sí -que acabaron en el penoso espectáculo de toda una sala reunida, con tres ausentes- es porque la ley no termina de aclarar quién es el que tiene que meterse la mano en el bolsillo. Aunque sí está claro quién es el que cobra. Que no se nos olvide que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es una especie de derecho de pernada de la Hacienda pública que se le clava a los pobres desgraciados que encima tenemos que pedir un crédito y pagarlo para comprar esa "vivienda digna" que dice la Constitución que tenemos derecho a tener. O sea, si somos capaces de pagarla. Y los impuestos también.

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