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"CASO JINÁMAR"   

 

Informe de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo Autónomo

 

Recibida petici?n de informe en relaci?n con las actuaciones a seguir tras el informe del Consejo Consultivo de Canarias, sobre el expediente del Parque Marítimo de Jin?mar, informativo a V.E., lo siguiente:

El pasado 22 de octubre del Consejo Consultivo de Canarias emiti? el Dictamen 113/2001 relativo al procedimiento de revisi?n de oficio de una serie de actos dictados por la Consejer?a de Pol?tica Territorial en relaci?n con la revisi?n del Plan Especial del Parque Mar?timo de Jin?mar y las adjudicaciones de parcelas realizadas a ra?z de esa revisi?n.

De entrada, advertimos que el objetivo del presente informe no es realizar juicios de valor sobre los argumentos del Consejo, sobre todo porque nos lo impide el art?culo 18.2 de la Ley 4.1984, de 6 de julio, del Consejo Consultivo de Canarias, que establece que emitido un dictamen por ?ste sobre un asunto, preceptiva o facultativamente, "no podr? informar jur?dicamente sobre el mismo ning?n otro cuerpo u ?rgano de la Comunidad Aut?noma". Lo que pretendemos es, simplemente, analizar cu?l es la situaci?n jur?dica en que se encuentra la Administraci?n tras este dictamen y cu?les son las v?as de que dispone para recuperar las parcelas que la Consejer?a considera ileg?timamente adjudicadas.

Los antecedentes m?s relevantes a tener en cuenta son los siguientes:

  1. Mediante orden de 30 de julio de 1990 la Consejer?a de Pol?tica Territorial aprueba el Plan Especial Parque Mar?timo de Jin?mar, cuyo ?mbito territorial se proyecta sobre dos municipios: Las Palmas de Gran Canaria y Telde. Este Plan, calificado por sus propias normas como "conservacionista al m?ximo" ordena el ?mbito territorial respectivo desde la perspectiva estrictamente ambiental en orden a conservar los valores naturales y culturales presentes en la zona, en especial la Lutus Kunkell y los restos arqueol?gicos existentes, sin la consideraci?n de aprovechamientos urban?sticos patrimonializables por los propietarios del suelo.
  2. Acordada la expropiaci?n para la obtenci?n de los terrenos que sirven de soporte territorial para la ejecuci?n del Plan Especial, el Jurado Provincial de Expropiaci?n Forzosa de Las Palmas fija el justiprecio en la cantidad de 526.666.560 pesetas mediante acuerdo de 16 de julio de 1997.
  3. Contra dicho Acuerdo se interponen sendos recursos contencioso-administrativos por parte del expropiado y de la Administraci?n, auton?mica que se tramitan ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de Las Palmas con los n? 2323 y 2374/1997 (procesos acumulados), cuyo resultado analizaremos m?s adelante.
  4. Con fecha 19 de octubre de 1998 se suscribe un Convenio entre la Consejer?a de Pol?tica Territorial y Medio Ambiente y las entidades "JINUR, S.A." (como sujeto expropiado) y "Promociones Hornera, S.A.", a quien JINUR, S.A. hab?a cedido sus derechos de cr?ditos derivados de la expropiaci?n.

Este Convenio obedece, seg?n manifiestan las partes en el mismo, a que con posterioridad a la expropiaci?n la Administraci?n auton?mica se plantea, la necesidad de revisar el modelo territorial inicialmente propuesto por el Plan Especial, revisi?n que supone la introducci?n de aprovechamientos lucrativos privados que favorezcan el estímulo socio-econ?mico de la zona. Como quiera que la introducci?n de esos aprovechamientos confiere al primitivo propietario de los terrenos afectados el derecho a la reversi?n por cambio del uso que motiv? la expropiaci?n (art?culo 40 de la Ley 6/1998), el convenio dice perseguir la finalidad de evitar que ese procedimiento de reversi?n pueda demorar el logro de los objetivos pretendidos con el Plan Especial y con su revisi?n futura, de ah? que busque una f?rmula que permita salvaguardar el eventual derecho de los propietarios a la recuperaci?n de los terrenos sin necesidad de iniciar un procedimiento de reversi?n.

Junto a esa finalidad principal, el convenio pretende instrumentar el acuerdo entre la Administraci?n y el particular titular del derecho de cr?dito derivado de la expropiaci?n relativo al pago del justiprecio en especie mediante la adjudicaci?n de parcelas.

Para el logro de estos objetivos, las partes asumen las siguientes obligaciones:

  • La Administraci?n auton?mica se compromete a revisar el Plan Especial, asumiendo como uno de los objetivos de dicha revisi?n la introducci?n de aprovechamientos lucrativos privados hasta un m?ximo de 125.000 metros cuadrados de edificaci?n.
  • Las empresas JINUR, S.A. y PROMOCIONES HORNERA, S.L. renuncian al derecho de reversi?n que pudiera corresponderles.
  • La empresa PROMOCIONES HORNERA, S.L. acepta el pago del justiprecio e intereses que se le adeudan mediante la adjudicaci?n de las parcelas resultantes de la urbanizaci?n, con un aprovechamiento total de 125.000 m2.
  • Finalmente, esta ?ltima entidad asume otros compromisos, entre los que destacamos la realizaci?n de una inversi?n econ?mica total de 3.000 millones de pesetas por la urbanizaci?n del Plan Especial.
  1. Por Orden de 5 de julio de 1999, el Consejero de Pol?tica Territorial y Medio Ambiente aprueba definitivamente la revisi?n del Plan Especial del Parque Mar?timo de Jin?mar.

    Esta Orden no se limita a aprobar dicha revisi?n, sino que, adem?s, en lo que aqu? nos interesa, adjudica las parcelas de aprovechamiento privado a Promociones Hornera, S.L. en los t?rminos del Convenio, seg?n ha reconocido la propia Consejer?a, es decir, par celas con 125.000 m2 de aprovechamiento.
  2. Contra dicha Orden, el Ayuntamiento de Telde interpuso un requerimiento que, tramitado como recurso de reposici?n, que fue estimado parcialmente por la Orden de 20 de marzo de 2000, la cual introdujo modificaciones de dos tipos.
    • Se modifica el Plan Especial en el sentido de reducir la edificabilidad lucrativa total.
    • Se adjudica al Ayuntamiento de Telde una parcela de 7.728 m2 de superficie y de 8.500 m2 de edificabilidad.
  3. Contra esta Orden de 20 de marzo de 2000, el Ayuntamiento de Telde formula un requerimiento de anulaci?n que no es atendido por la Administraci?n auton?mica, lo que determina que la Corporaci?n Local acuda a la jurisdicci?n contencioso-administrativa.

    Nos encontramos as? con que en este momento penden ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de canarias dos recursos contra la Orden de 5 de julio de 2000, que aprob? el Plan Especial del Parque Mar?timo de Jin?mar:
    • el recurso n? 1146/1999, interpuso por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y
    • el recurso n? 1555/1999, interpuesto por el Ayuntamiento de Telde contra la misma Orden (5-7-1999) y contra la desestimaci?n del requerimiento formulado contra la Orden de 20 de marzo de 2000.
  4. Mediante Orden de 24 de enero de 2001, el Consejero de Pol?tica Territorial y Medio Ambiente designa a un funcionario para la ejecuci?n y protocolizaci?n de la Orden de 5 de julio de 1999 que aprob? definitivamente la revisi?n del Plan Especial Parque Mar?timo de Jin?mar, entre cuyas determinaciones se encuentra la adjudicaci?n de parcelas.
  5. El 29 de enero de 2001, el funcionario designado otorga ante el Notario Don Juan Alfonso Cabello Cascajo un acta de protocolizaci?n de adjudicaci?n de parcelas previa segregación.

    En dicho documento notarial el funcionario, en nombre de la Comunidad Aut?noma de Canarias, realiza un una segregaci?n de las fincas que van a ser adjudicadas y ratifica la adjudicación por la Comunidad Aut?noma a favor de la entidad Parque Mar?timo de Jin?mar (actual titular de los derechos que ostentaba Promociones Hornera, S.L. contra la Comunidad) de las siguientes fincas:
    • Parcela 881 del Plan Parcial Valle de Jin?mar de 1990, (en adelante PPVJ90), destinada a vivero en el plano de ordenaci?n del referido plan, de 30.660 m2 de superficie, sin que se le asigne aprovechamiento urban?stico alguno.
    • Parcela 900 del PPVJ90, destinada a Equipamiento Deportivo en el plano de ordenaci?n del referido plan. Tiene una superficie de 287.005 m2 y se le asigna un aprovechamiento de 38.000 m2 construidos a efectos de adjudicaci?n.
    • Parcela denominada "Equipamiento de Servicio" en el PEPMJ99, tiene una superficie de 315 m2. En la descripci?n del acta notarial no se especifica la edificabilidad asignada a esta parcela.
    • Parcela denominada "Parque de Ocio, Recreo y Comercial" en el PEPMJ99. Tiene una superficie de 110.250 m2 y un aprovechamiento urban?stico de 85.000 m2 construidos.
    • Parcela denominada "Dotacional Circulatorio" ene l PEPMJ99. Tiene una superficie de 2.645 m2, con una superficie m?xima edificable de 264 m2 construidos. No se le asigna aprovechamiento urban?stico.

      De este documento hemos de destacar lo siguiente:
      1. En primer lugar para ratificar esa adjudicaci?n de parcelas ante Notario, se ha aportado un documento denominado "anexo de adjudicaciones" que no se corresponde con el de la Orden de 5 de julio de 1999.
        Ello significa que el documento elevado a p?blico figuran como adjudicadas no s?lo las parcelas que lo fueron en virtud de la Orden de 5 de julio de 1999, sino, adem?s, otras tres (las parcelas 881 y 990 del PPVJ90 y la denominada "equipamiento de servicio") que no hab?an sido adjudicadas previamente por ?rgano administrativo alguno, seg?n parece desprenderse del expediente y de la denuncia presentada por la Consejer?a de Pol?tica Territorial ante el Ministerio Fiscal.
      2. Las dos primeras parcelas citadas 881 y 990 PPVJ90) est?n ubicadas fuera del ?mbito territorial del Plan Especial que se pretende ejecutar.
  6. Por Orden de 23 de julio de 2001, la Consejer?a de Pol?tica Territorial y Medio Ambiente inicia un procedimiento de revisi?n de oficio de la Orden n? 207 de 20 de marzo de 2000, del anexo de adjudicaci?n del Plan Especial del Parque Mar?timo de Jin?mar, de su posterior protocolizaci?n notarial, y de la Orden n? 30, de 24 de enero de 2001.
  7. Tramitado el procedimiento y solicitado dictamen al Consejo Consultivo de Canarias, ?ste emite el dictamen 113/2001 de octubre, en el que concluye que "la concurrencia de defectos esenciales en la tramitaci?n del procedimiento de revisi?n de oficio impide el pronunciamiento sobre la declaraci?n de nulidad propuesta, determinando su inestabilidad, tal y como expresa en los Fundamentos precedentes".
  8. Finalmente, como hecho posterior al dictamen hemos de traer a colaci?n la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 17 de abril de 2001 (notificada a esta Administraci?n el 30 de octubre de 2001) reca?da en los recursos 2323/1997 y 2374/1997, por la que se viene a reducir el justiprecio de la expropiaci?n de la que traen causa las actuaciones que analizamos, en la que se dice que los terrenos cuya valoraci?n fue impugnada por esta Administraci?n (con una superficie de 88.200 m2) han de ser valorados a cuatrocientas pesetas el metro cuadrado. (Hab?an sido valoradas por el jurado a tres mil quinientas pesetas el metro cuadrado).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS


As? expuestos los hechos, entramos a analizar la situaci?n en que se encuentra la Administraci?n auton?mica tras el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

Como sabemos, la Consejer?a de Pol?tica Territorial intent? revisar de oficio la Orden n? 207 de 20 de marzo de 2000, del anexo de adjudicaci?n del Plan Especial del Parque Mar?timo de Jin?mar, de su posterior protocolizaci?n notarial y de la Orden n? 30, de 2 4 de enero de 2001.

Tramitado el procedimiento, el Consejo Consultivo no entra a analizar el fondo del asunto, esto es, si concurren o no las causas de nulidad invocadas por la Administraci?n, sino que aprecia defectos esenciales en la tramitaci?n del procedimiento de revisi?n de oficio que se lo impiden.

Este defecto apreciado por el Consejo (falta de audiencia al interesado al introducir argumentos nuevos en la propuesta de resoluci?n) no puede subsanarse mediante la retroacci?n del procedimiento al momento inmediatamente anterior a la comisi?n de ese vicio porque, seg?n el Consejo, el procedimiento ha caducado, al haber transcurrido el plazo m?ximo de resoluci?n previsto en la Ley, toda vez que dicho organismo considera que no es aplicable la interrupci?n del plazo previsto en el art?culo 42.5.c.) de la Ley 30/1992 porque dicho precepto se refiere a la solicitud de informes - y el Consejo emite un "dictamen", no un informe - a ?rganos de una Administraci?n - y el Consejo tampoco es un ?rgano - .

Ello significa que si la Administraci?n desea anular los actos que considera viciados est? obligada, en principio, a iniciar un nuevo procedimiento de revisi?n de oficio. Sin embargo, el Consejo Consultivo ha cerrado la puerta a esta posibilidad, en los fundamentos II (en el que sit?a expresamente esta cuesti?n en el ?mbito de la jurisdicci?n civil) y V.

  1. En efecto, en el fundamento II el Consejo realiza dos observaciones de extraordinaria importancia:
    1. Ante todo y habida cuenta de que los argumentos de la Consejer?a para anular los actos que se revisan se construyen sobre la nulidad de la adjudicaci?n de las parcelas, afirma el Consejo "no hay disposici?n o acto administrativo que acuerde concretas adjudicaciones de parcelas - en particular de los n?mero 881 y 900 - que revisar, ni actos que ejecuten normas sobre el Plan Especial del Parque Mar?timo de Jin?mar susceptible de revisi?n, en cuanto adjudiquen cualquier tipo de parcelas".

      A esta conclusi?n llega el Consejo por dos motivos:
      1. Porque dice que no consta en el expediente que las ?rdenes relativas al Plan Especial tengan - a?n nombr?ndolos - Anexos que contemplen adjudicaciones de parcelas.
      2. Porque el Consejero de Pol?tica Territorial afirma tajantemente que tales Anexos no existen en el escrito de denuncia remitido al Fiscal anticorrupci?n.


    Por tanto, s? la Orden de 20-3-2000 no tiene Anexo que adjudique parcelas o que rectifique la adjudicaci?n que realiz? la Orden de 5 de julio de 1999, entiende el Consejo que no hay acto administrativo que pueda ser revisado por este cauce.

    1. Al mismo tiempo, afirma el Consejo que el acta de protocolizaci?n de las adjudicaciones de parcelas es un acto sometido al Derecho privado, por lo que su anulaci?n no puede obtenerse a trav?s del procedimiento de revisi?n de oficio, sino que ha de intentarse por los medios previstos en aqu?l, esto es, ha de acudirse a la jurisdicci?n civil.

      En consecuencia, y según el Consejo Consultivo, si la orden de 20 de marzo de 2000 no tiene Anexo, ha de descartarse la iniciación de un nuevo procedimiento de revisión de oficio para anular la adjudicación de las parcelas, porque no hay acto administrativo que lleve a cabo esa adjudicación, y porque la protocolización de las adjudicaciones ha de impugnarse ante la jurisdicción civil.
  2. Por su parte, en el fundamento V invoca la concurrencia de la litispendencia, que impide a la Administraci?n revisar de oficio un acto cuando sobre la legalidad de ese acto se halle pendiente la resoluci?n de un proceso ante los Tribunales de Justicia competentes.

    Ello significa que mientras no finalicen los recursos pendientes contra la Orden de 5 de julio de 1999 y los actos posteriores, cualquier intente de revisar de oficio tales actos se ver? frustrado por el Consejo Consultivo, que estima que la litispendencia impide dicha revisi?n.

    As? las cosas, y cerrada la posibilidad de una revisi?n de oficio de los actos en cuesti?n, el dictamen del Consejo Consultivo nos conduce a ejercitar una acci?n ante la jurisdicci?n civil para instar la anulaci?n del instrumento p?blico (acta de protocolizaci?n) y del negocio jur?dico en ?l documentado.

    Sin embargo, entendemos que existe otro procedimiento m?s sencillo, no apuntado por el Consejo Consultivo, pero directamente relacionado con su apreciaci?n de que no hay acto administrativo de adjudicaci?n de las parcelas cuestionadas. Esta v?a, que consiste en dictar un simple acto administrativo aclaratorio que declare cu?l es la voluntad de la Administraci?n en orden a las parcelas que se adjudican, tiene un doble fundamento:
    1. Sabemos que una vez que la Administraci?n dicta un acto administrativo declarativo de derechos no puede apartarse de ?l sino a trav?s de los procedimientos excepcionales previstos en la ley (revisi?n de oficio o impugnaci?n ante la jurisdicci?n contenciosa, previa declaraci?n de lesividad), lo cual es consecuencia l?gica del principio general del Derecho de que "nadie puede ir l?citamente contra sus propios actos".

      Sin embargo, en este supuesto que comentamos el Consejo Consultivo de Canarias ya nos ha adelantado que del expediente administrativo y de la denuncia presentada ante el Ministerio Fiscal se deduce que "no hay disposici?n o acto administrativo que acuerde concretas adjudicaciones de parcelas - en particular de las n?mero 881 y 900 - que revisar, ni actos que ejecuten normas sobre el Plan especial del Parque Mar?timo de Jin?mar susceptibles de revisi?n, en cuanto adjudiquen cualquier tipo de parcelas" entiende, pues, el Consejo, que no procede la revisi?n de oficio porque no hay acto administrativo alguno que revisar.

      En otras palabras, si el funcionario ha actuado ante el Notario sin la cobertura jur?dica de un acto administrativo, nos encontramos, de una parte, con que su declaraci?n ante el mismo no se corresponde con una voluntad de la Administraci?n previamente declarada a trav?s del correspondiente acto administrativo; y de otra, con que, seg?n se desprende del dictamen del Consejo, esa declaraci?n del funcionario tampoco puede ser considerada en s? misma como tal acto administrativo.

      Si esto es as?, si no hay acto administrativo que adjudique las parcelas, la Administraci?n puede en este momento dictar un acto en el que declare unilateralmente su voluntad contraria a esa adjudicaci?n, sin que pueda atribuirse a esa declaraci?n un car?cter revocatorio de un acto favorable que, a juicio del Consejo, es inexistente.
    2. En segundo lugar, esta actuaci?n se fundamentar?a en la calificaci?n de la inclusi?n en el documento protocolizado de las parcelas cuestionadas como un error de hecho, que puede ser corregido por la Administraci?n en cualquier momento, de conformidad con el art? 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R?gimen Jur?dico de las Administraciones P?blicas y del Procedimiento Administrativo Com?n.

      Para llegar a esta conclusi?n partimos del exceso en que ha incurrido el funcionario actuante ante el Notario respecto a las facultades que le confiri? la Orden de 24 de enero de 2001, exceso que ha determinado que las parcelas que aparecen como adjudicadas en el Acta no se correspondan con la realidad.

      En el an?lisis de esta cuesti?n, examinaremos primero el t?tulo que habilit? al funcionario para actuar ante el Notario, seguidamente veremos el uso que hizo de ?l, y por ?ltimo las consecuencias de ese exceso en que ha incurrido.
      1. La Administraci?n P?blica, en cuanto persona jur?dica con capacidad de obrar necesita para su ejercicio, como es sabido, de la participaci?n de determinadas personas, que como ?rganos de la misma y por tanto formando parte de su estructura, manifiestan la voluntad de la persona jur?dica. La Administraci?n act?a a trav?s de sus ?rganos, de tal forma que los actos de las personas titulares de los mismos se estima que son actos de la propia persona jur?dica siempre que act?en en el ?mbito de sus competencias, lo cual no ha sucedido en este caso, como veremos.

        En este caso el art? 29.1 k) atribuye al Consejero de Pol?tica Territorial y Medio Ambiente la competencia para firmar en nombre de la Comunidad los contratos y convenios relativos a asuntos de su Consejer?a, Era el Consejero, pues, quien ostentaba la representaci?n de la Administración auton?mica en el acto de protocolizaci?n de una Orden Departamental suya: la Orden de 5 de junio de 1999.

        Sucede sin embargo, que el Consejero no actu? por si mismo, sino que acudi? a la t?cnica de la delegaci?n, dictando a tal efecto la Orden de 24 de enero de 2001, cuyo tenor literal es el siguiente:

       

      "Visto que por orden departamental de 5 de julio de 1999 se aprob? definitivamente la revisi?n del Plan Especial Parque Mar?timo de Jin?mar entre cuyas determinaciones se encuentra la adjudicaci?n de parcelas resultantes descritas en el Anexo II de dicho Plan Especial en ejecuci?n del Acuerdo del Gobierno de Canarias en sesi?n celebrada el 8 de octubre de 1998 a trav?s de la presente vengo a designar a Don Valeriano D?az Castro, jefe del Servicio Jur?dico de la Direcci?n General de Ordenaci?n del Territorio, islas orientales, para que proceda a la ejecuci?n y protocolizaci?n de dicho acuerdo".

  3. Sobre la misma, examinaremos dos cuestiones fundamentales: la naturaleza jur?dica de la habilitaci?n que contiene y las facultades que confiere al funcionario.

    Respecto a la primera cuesti?n, estimamos que no estamos ante la figura de la delegaci?n de competencias prevista en el art? 13 de la Ley 30/1992, sino ante una simple delegaci?n de firma.
    As? resulta claramente de la literalidad de la Orden y del hecho de que no haya sido publicado en el B.O.C.

    En efecto en la delegaci?n de firma lo que se delega no es la competencia para dictar un acto administrativo, sino la simple firma de un acto que previamente ha sido dictado por el ?rgano competente y cuyo contenido es conocido y determinado previamente, careciendo el delegado de facultades innovativas que le permitan modificar dicho acto en ninguno de sus aspectos (art?. 16.1 de la Ley 30/1992).

    Es lo que ha sucedido en el presente caso, donde la Orden de 24 de enero de 2001 se ha limitado a "designar" a un Jefe de Servicio para la "protocolizaci?n" de documentos (m?s adelante analizaremos cu?les), es decir, para participar en un acto jur?dico de elevaci?n a p?blico de determinados documentos cuyo contenido a hab?a sido definido por el Consejero.

    En este sentido, ha de tenerse en cuenta que el acta de protocolizaci?n, por definici?n, es un documento p?blico mediante el que se incorpora a un protocolo notarial un documento privado (o en este caso, administrativo) y continente de un negocio jur?dico previamente celebrado, bien a efectos de su acceso al Registro, cuando as? lo permita la Ley, bien a efectos de garantizar su identidad y existencia. El acta notarial no es, pues el t?tulo jur?dico de la adjudicaci?n de las parcelas, sino que dicho t?tulo est? constituido por un acto previo del Consejero. Las partes intervinientes se limitan a ratificar actuaciones anteriores plasmadas en un acto administrativo que es el que ha verificado la adjudicaci?n. Se trata, por tanto, de reconocer un acto jur?dico anterior. Como afirma N??ez Lagos, en el Acta se da por v?lida una declaraci?n de voluntad anterior; el acto anterior constituye en su integridad el objeto de protocolización y no se causa; subsiste la relaci?n jur?dica anterior en toda su integridad, sino que su reconocimiento en el Acta absorba o anule la relaci?n primitiva.

    Por ello estimamos que si el Consejero design? al funcionario para protocolizar la Orden de 5 de julio de 1999, estaba simplemente operando una delegaci?n de firma, pero en ning?n momento le habilit? para emitir una nueva declaraci?n de voluntad, que modificase la ya emitida por ?l.

    Finalmente y, como ya hemos adelantado, la Orden no fue publicada en el Bolet?n, lo que refuerza la interpretaci?n de que estamos ante una delegaci?n de firma, tal y como se desprende del art? 16.2 de la Ley 30/1992, seg?n el cual "la delegaci?n de firma no alterar? la competencia del ?rgano delegante y para su validez no ser? necesaria su publicaci?n".

    Una vez aclarado que el funcionario s?lo estaba facultado para intervenir en un acto de protocolizaci?n de un acto administrativo dictado previamente por el Consejero de Política Territorial, vamos a determinar cu?l es ese acto.

    Al respecto basta una lectura de la Orden de 24 de enero de 2000 para comprender que el documento cuya protocolizaci?n se encomienda al funcionario es el Anexo II de la Orden de 5 de julio de 1999, por el que se adjudicaron determinadas parcelas a Promociones Hornera, S.L. Se alude a ella cit?ndola por su fecha y en singular ("protocolizaci?n de dicho Acuerdo", dice la Orden). Por tanto, el Jefe de Servicio no contaba con designaci?n v?lida para protocolizar ning?n Acuerdo distinto del de 5 de julio de 1999, ni para modificar o aclarar dicho Acuerdo, incluyendo en el mismo la adjudicaci?n de unas parcelas que no figuraban en ?l.

    La valoraci?n jur?dica de esta protocolizaci?n nos lleva a concluir lo siguiente:

    1. Que el Jefe de Servicio no ten?a la legitimaci?n necesaria para intervenir en dicha acta de protocolizaci?n y firmarla de modo que pueda vincular a la Administraci?n, habida cuenta de que la delegaci?n de firma no cubre las modificaciones que el Jefe de Servicio incluy? en las adjudicaciones.
    2. Que el funcionario actuante ha aportado certificaciones y t?tulos que incurren en lo que, a efectos administrativos, podemos calificar como manifiesto error de hecho, ya que no todas las parcelas adjudicadas formaban parte de la operaci?n de protocolizaci?n que el Consejero le encomend?.
    3. A la misma conclusi?n de error de hecho nos lleva el dato de que en la documentaci?n aportada figura como adjudicadas parcelas distintas de las que obran como tales en los archivos de la Consejer?a, seg?n admite esta.

     

La superaci?n de la situaci?n creada por la adjudicaci?n de las parcelas, tiene, por consiguiente, una primera v?a bastante simple y clara y no sometida a ning?n procedimiento especialmente grave: se trata de que el Consejero competente dicte una Resoluci?n declarando que la protocolizaci?n se ha producido en t?rminos incorrectos, por no encontrarse el Jefe del Servicio interviniente facultado para llevarlo a cabo en los t?rminos en que lo hizo. La misma Resoluci?n declarar? el error de hecho en que se incurri? al incorporar a la adjudicaci?n parcelas que, desde luego, no pod?an corresponder al Anexo de adjudicaciones de 1999, que se trataba de protocolizar.

Es todo cuanto se informa V.E., no obstante, acordar?.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de Diciembre de 2001.

    LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO JUR?DICO,

    Mar?a Jes?s Mesa Hern?ndez

ILTMO. SR. VICECONSEJERO DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

 

Gonz?lez env?a al fiscal anticorrupci?n el "caso Jin?mar"
"Caso Jin?mar", informe de la Direcci?n General del Servicio Jur?dico del Gobierno de Canarias

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