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EL ROSARIO

El interventor detalló todos los incumplimientos de Costanera

El informe del habilitado nacional, pese a ser el primero que se elaboró, recogía ya en 2008 la totalidad de las presuntas ilegalidades que existieron en el convenio urbanístico.
El Día, El Rosario
12/jun/18 6:15 AM
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El interventor del Ayuntamiento de El Rosario detalló en un informe en 2008 la totalidad de los incumplimientos del convenio urbanístico de Costanera. La existencia de este documento se conoció el pasado jueves, el mismo día en que el actual alcalde rosariero, Escolástico Gil, destapó las presuntas ilegalidades cometidas en esta zona por el anterior gobierno municipal.

EL DÍA ha tenido acceso a ese texto del funcionario habilitado nacional, y de su lectura se desprende que no se trataba de una aproximación a lo que ocurría, sino que ya desde entonces fueron puestas negro sobre blanco todas las irregularidades del acuerdo. Es decir, el escrito de una técnico de administración general alertando de los hechos en 2012 -cuyo contenido ha publicado este periódico en los últimos días- tuvo un precedente en 2008 que iba más allá de una advertencia de los aspectos más sustanciales.

El interventor -que es el responsable de fiscalizar el gasto económico de una institución- explica un aspecto capital dentro del primer punto de su informe: la legislación establece que los propietarios de suelo urbano no consolidado tienen que ceder "obligatoria y gratuitamente al ayuntamiento, en parcelas urbanizadas, y en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías, la superficie del suelo precisa para la materialización del 10% del aprovechamiento urbanístico del ámbito correspondiente". Y prosigue: "Esta cesión podrá sustituirse por el abono en dinero al ayuntamiento de una cantidad, que en ningún caso podrá ser inferior al valor del mercado".

La conclusión a la que llega es a que hay dos posibilidades para la cesión de ese 10%: entregar parcelas urbanizadas o dinero. Sin embargo, no se dio ni una ni otra, tal y como recordó el propio funcionario -que actualmente continúa al frente de la Intervención- en el pleno del jueves. "Tenían que dar 1.100 metros cuadrados edificables y ni dieron eso ni el dinero", manifestó en la sesión plenaria, en la que apuntó que elaborar el texto fue de "magna dificultad".

El habilitado del Estado expone en el documento de 2008 que la cláusula undécima del convenio, relativa a la materialización del 10% del aprovechamiento medio, fija este en 1.109 metros cuadrados. A continuación indica que se establece la cesión de, primero, una manzana de 340 metros con la categoría de zona verde, "por lo que carece de edificabilidad y, por tanto, no debería computar a efectos de la cesión obligatoria de 1.109 metros". El resto (1.109 menos 340) suponen 769 metros, valorados a efectos de mercado en 419.120 euros. Y estos se cambiaron por un terreno de 119.009 metros cuadrados, que se valora en 369.120 euros. "(...) Dada la categoría urbanística del terreno, y el hecho de que no sea en absoluto edificable, parece crear dudas de que realmente tenga un valor de mercado tal y como exige el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias", añade sobre un terreno que, en concreto, era suelo rústico de protección natural de ladera y arqueológica. También hubo una aportación de 50.000 euros.

"Según lo que se recoge en los informes obrantes en el expediente, las cesiones de terrenos efectuadas no responden, por su configuración, calificación y afecciones al cumplimiento de las finalidades previstas", señala más adelante el documento.

Aparte del anterior, los escritos que han trascendido son los de la técnico de administración general del 25 de enero de 2012 y otro del arquitecto técnico -del 18 de enero de ese año y que cita la primera funcionaria-, ambos de carácter negativo. "¿Por qué cambiaron los 1.109 metros que tenían que estar dedicados a equipamiento por una ladera?", se preguntó el actual alcalde en el pleno.

 

las claves

El anterior gobierno de El Rosario aceptó en el convenio urbanístico de Costanera recibir una zona verde y una ladera protegida que no permitía ningún uso urbanístico.

Tenía que percibir, sin embargo, el 10% del aprovechamiento urbanístico de la zona o bien dinero. Según la normativa no cabía aceptar suelos no edificables.

El interventor, una funcionaria y el arquitecto municipal informaron negativamente de aquel convenio. Pero el ayuntamiento lo desoyó.

El PSOE y la Concejalía de Urbanismo

El Partido Socialista (PSOE), que gobernaba en el momento en el que ocurrieron los hechos, convocó el viernes una Ejecutiva local de urgencia, tras la que el sábado remitió un comunicado. En él defendía el código ético de la formación de la rosa y, veladamente, refería las medidas que tomaron en su día ante la implicación de miembros socialistas en el caso Varadero.


Sin embargo, las menciones más directas que realizaban en el texto eran a dos concejales “que estuvieron con áreas de gobierno en legislaturas pasadas” (en aparentemente alusión a sus compañeros los socialistas críticos María de los Ángeles Rodríguez e Iván Armas), y manifestaban que el también edil Jacinto Correa y el alcalde, Escolástico Gil, pertenecieron al PSOE.


La hemeroteca muestra que la finalización de la etapa de Correa en el gobierno socialista se remonta a 2002 –tras ser cesado por el anterior alcalde, Macario Benítez–, así como que Gil nunca fue concejal de esta formación. Poniendo la mirada en los años del convenio de Costanera, una noticia de junio de 2011 con el reparto de áreas señalaba que la hoy exedil Ana Lupe Mora seguía llevando Urbanismo. Estuvo allí hasta abril de 2013, cuando Benítez realizó una reestructuración y asumió la responsabilidad el ahora consejero insular Manuel Martínez. Un nuevo cambio hizo que, a partir de enero de 2014, el último concejal de Urbanismo del mandato anterior fuese el actual secretario general del PSOE en El Rosario, José Antonio Estévez.

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