Santa Cruz de Tenerife

Indemnizar al exgerente de Viviendas costó 100.000 euros más que 9 despidos

Los distintos partidos acordaron ayer, en la comisión de control al gobierno, reunirse con urgencia para analizar el ERE en la empresa municipal y si existen alternativas que eviten unos despidos que costarán en torno a 260.000 euros, cifra que choca con los 360.000 con los que se indemnizó al exgerente hace años.
ÁLVARO MORALES, S/C Tfe.
20/ene/12 1:18 AM
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ÁLVARO MORALES, S/C Tfe.

En presencia de unos diez trabajadores de la empresa municipal de Viviendas de Santa Cruz, la comisión de control al gobierno acordó ayer, por unanimidad de todos los grupos, convocar una reunión inminente para analizar con detalle si el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplicado en la compañía, y que afecta a 9 de sus 29 empleados, está suficientemente justificado o si existen alternativas que impidan esa drástica decisión. Durante un largo, en parte clarificador y también sorprendente debate, la petición, por parte del PP, de comparecencia de la edil responsable del departamento, Ángela Mena (CC), sirvió para desvelar, por ejemplo, que el coste de esa medida (unos 260.000 euros) es menor en 100.000 euros respecto a los 360.000 abonados al exgerente del área hace años por su indemnización por despido.

Este dato fue resaltado por José M. Corrales (Por Tenerife), quien, junto a Guillermo Guigou (Ciudadanos), Pedro Arcila (SSP) y Manuel Fernández (PP), puso en duda el criterio del ahorro, la sostenibilidad y solvencia futura de la compañía mediante el ERE. A juicio de la oposición, no se entiende cómo se abonó esa cifra y ahora se despide a trabajadores que llevan, en algunos casos, 30 años en el consistorio "pagándoles cuatro duros" (según remarcó Guigou), "todos indefinidos" y, encima, dejando fuera al único con contrato temporal, según aclaró Corrales.

Aunque hubo diversas intervenciones contundentes, destacó la inicial de Guigou, quien calificó el ERE de "auténtica chapuza" y criticó que, "tras seis años sin hacer una vivienda mediante esta empresa y esperando un verdadero plan de saneamiento, ahora vienen con este tipo exprés". Como el resto de grupos, Ciudadanos censuró, sobre todo, la "desinformación absoluta" que ha habido respecto a este asunto y llamó la atención sobre el hecho de que tanto la portavoz de CC, Carmen Delia González, como el edil de Urbanismo, José Ángel Martín, que ayer presidió gran parte de la comisión tras ausentarse Julio Pérez por otros compromisos, no supieran nada de las intenciones de la compañía durante una reunión celebrada hace dos días con el resto de partidos.

Toda la oposición, con el asentimiento de los empleados presentes, sostuvo también que los trabajadores afectados y el resto tampoco conocían las intenciones ni detalles del ERE, más allá de que su representante y un asesor de Intersindical Canaria firmaran el acta que fundamentó la medida. Para los distintos grupos, lo hecho por dicha representante, aunque legal, es, cuanto menos, censurable desde una óptica ética.

La oposición advirtió de los riesgos de que haya una nueva sentencia en contra del ayuntamiento, con sus consecuencias económicas, criticó su ausencia del consejo de la compañía, recordó que la edil cuenta con secretaria personal y dudó de que el ERE sirva para enderezar su situación económica, aparte de llamar la atención sobre que se dé precisamente cuando Viviendas se ha desgajado de otras áreas y cuenta con una concejal en exclusiva y de experimentar un aumento de 500.000 euros en el presupuesto de este año. Asimismo, le sorprende que esas cuentas incluyeran a los 9 trabajadores para, a los pocos días, anunciarles sus despidos, mientras que Corrales preguntó si existe la intención de privatizar el servicio, "con lo que se probaría que habría opciones de rentabilidad".

Toda la oposición alertó de la incoherencia de la medida con el compromiso en el nuevo mandato de reforzar el área social, resaltando la importancia de Viviendas para resolver las dificultades de que uno de los derechos fundamentales, disponer de una casa, se cumpla por la crisis y ante el gran número de pisos vacíos.

En varias intervenciones, Mena insistió en que todo obedece a un análisis técnico y que la selección de los despedidos se realizó mediante criterios de "productividad y polivalencia funcional", aparte de negar descoordinación e indicar que había hablado con todos los empleados. Como hasta ahora, recordó que, desde 2007, la compañía entró en pérdidas crecientes cada año por la parálisis en el sector, que no se compensan ahora con esos 500.000 euros.

Recordó lo indicado durante años por diversos grupos sobre la empresa, lo que le valió una reprimenda de Guigou al no aludir a CC, y, en declaraciones a EL DÍA, señaló que los despidos se justifican porque hay empleados que, por la falta de actividad, "están ociosos". Además, resaltó que se ha despedido también al gerente actual para ahorrar 82.000 euros anuales y negó la privatización.

Mena aclaró, sin embargo, que si la empresa vuelve a tener actividad, existe un compromiso para reincorporarlos, aunque deja todo abierto a la reunión con los grupos.