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El PP mejora y presenta de nuevo su iniciativa sobre el "fuera de ordenación"

La diputada y portavoz municipal Cristina Tavío y la concejal Ana Zurita insisten en que la "única" vía para solucionar la polémica figura pasa por modificar el artículo 34.C de la Ley del Territorio y, por eso, confían en que esta vez el resto de grupos en el Parlamento regional sí respalden su alternativa legal.
EL DÍA, S/C de Tenerife
10/feb/12 1:15 AM
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El PP sigue firme en sus tesis sobre cómo solucionar el "fuera de ordenación" del Plan General de Santa Cruz y de otros municipios con el mismo problema y, por eso, su diputada regional y portavoz en el Consistorio capitalino, Cristina Tavío, anunció ayer que el grupo parlamentario autonómico presentará, de nuevo, su propuesta legal para solucionar esta cuestión, si bien con matices que mejoran su propuesta.

En compañía de la edil del PP capitalino Ana Zurita, experta en planificación urbanística, Tavío volvió a insistir en que, en opinión del PP, la "única" fórmula para salvar este problema pasa por modificar el artículo 34.C de la Ley del Territorio de Canarias. La líder popular recordó el "varapalo jurídico" dado por el Consejo Consultivo a la propuesta de CC (promovida inicialmente por el CCN y respaldada por el PSC para que fuera admitida en el debate parlamentario) para salvar este conflicto. Una alternativa que, según el PP y el propio Consejo, "generaba un nuevo problema al pretender eliminar los límites de densidad en todo el suelo urbanizable, lo que supondría comprometer los pilares sobre los que descansa el ordenamiento urbanístico".

Lejos de esta postura, el PP recalca que todo se puede resolver de forma "mucho más sencilla, modificando la ley y excluyendo solo a las viviendas ya consolidadas y construidas de forma legal en los núcleos urbanos del Archipiélago, y sin que pueda aplicarse a desarrollos de suelos futuros".

Para ello, el PP presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de Ley en trámite fundamentada en la ya planteada ante el Parlamento y rechazada por el resto de partidos. Una iniciativa que solo modifica el apartado 2 del artículo 34 y que intentarán que cuente con el mayor consenso posible, entre otras cosas "porque profundiza en las garantías necesarias para eliminar el límite de densidad en las zonas legalmente consolidadas y amplía su marco de aplicación a todos los municipios canarios, no limitándolo a las capitales o poblaciones de más de 100.000 habitantes".

Tavío se muestra convencida de que, al final y pese a las diferencias sobre las posibles soluciones, habrá un acuerdo, si bien aprovechó para seguir criticando al gobierno local por dilatar la aprobación del PGO en plena crisis. Zurita, por su parte, subraya que su propuesta recupera la edificabilidad que originó los crecimientos de las áreas a las que se eximen del límite exigido, "pues, al ser suelos que ya tuvieron un desarrollo reglado, amparado por la legislación del momento, cumplen con los estándares dotacionales del momento en que fueron creados, algo no muy divergente de la situación actual".

OTRAS VISIONES

"Los afectados son 100.000"

El concejal de Por Tenerife en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Manuel Corrales, indicó ayer que "una aprobación del PGO sin garantías provocaría que los 100.000 afectados por el fuera de ordenación se viesen dañados gravemente en sus derechos de propiedad y herencia". A diferencia del PP, el concejal ecosocialista plantea un cambio del PGO "basado en el artículo 33 de la Constitución que establece que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con las Leyes". Por eso, propone una modificación del PGO en la que se indique "claramente cuáles son las áreas de suelo urbano consolidado que, en el plan en vigor, se hallan colmatadas de uso residencial y/o turístico, así como expresar cuál es la edificabilidad media y densidad poblacional permitida en los distintos ámbitos". A su juicio, la solución no pasa por "vulnerar el artículo 34.C de la Ley" y asegura que se podría incluir el 90% de los afectados".