Santa Cruz de Tenerife

La capital estudia si perdió terreno y dinero en la expansión de Cabo Llanos

El Pleno insta a Urbanismo, tras una moción de Sí se Puede, a valorar si reclama a la Junta de Compensación del Polígono Cepsa-Disa el 10% del aprovechamiento urbanístico de lo que se ha desarrollado.
Orlando González, S/C de Tenerife
23/feb/19 6:33 AM
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La capital estudia si perdió terreno y dinero en la expansión de Cabo Llanos

Orlando González, S/C de Tenerife

No existen evidencias que determinen que la capital perdió terrenos y, por consiguiente, dinero, en el desarrollo del nuevo Cabo Llanos. Sin embargo, parte de la oposición sospecha que pudo producirse esta circunstancia. Para tratar de disipar estas dudas, el Pleno de Santa Cruz instó ayer a la Gerencia de Urbanismo a estudiar si el consistorio perdió suelo en la expansión de esta zona, con el objetivo de valorar si es posible "reclamar" ahora a la Junta de Compensación del Polígono Cepsa-Disa la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico de los terrenos desarrollados.

El acuerdo partió de una moción que había presentado Sí se Puede, en la que su portavoz, Pedro Fernández Arcila, consideraba que el ayuntamiento "tendría que haber exigido entonces el 10% del aprovechamiento urbanístico que le pertenecía al municipio, lo que supondría, de haberse reclamado, un incremento importante del patrimonio municipal del suelo".

"La Junta de Compensación del Polígono Cepsa-Disa llevó a cabo el desarrollo urbanístico de Cabo Llanos a cambio de ceder suelo a Santa Cruz para diferentes dotaciones, como el espacio para el recinto ferial, el Parque Marítimo o el Auditorio", explicó Arcila.

"En aquel momento -relató- el ayuntamiento y Cepsa cambiaron la calificación del suelo de industrial a urbano, cuando debería considerarse urbanizable o urbano no consolidado, lo que impidió que el consistorio reclamara el 10% del aprovechamiento urbanístico de todo lo que se construyó".

"Y los tribunales dicen que no importa el nombre que le den el ayuntamiento o el PGO; lo que importa es si es urbano o no", aclaró el portavoz de SsP, quien, en esta línea, remarcó que si bien antes se trataba de suelo, "ahora estaríamos hablando de bastante dinero, incluso millones de euros".

El asunto había cobrado actualidad durante los últimos días después de que se publicase la solicitud de liquidación de la citada Junta de Compensación, que forman un total de 18 propietarios. Este periódico había dado cuenta de ello el pasado 6 de enero. De hecho, Carlos Tarife, concejal de Urbanismo, reconoció ayer que la moción de Sí se Puede había llegado "en un momento clave", precisamente por esta circunstancia.

"En el proceso de tramitación de este expediente debemos determinar si es o no exigible el deber de cesión a favor del municipio del 10% del aprovechamiento lucrativo u otras cargas urbanísticas del polígono Cepsa-Disa. Y en el caso de que se concluya que procede exigirlo, esta superficie o cantidad económica se integrará en el patrimonio público del suelo de la capital", sostuvo.

Tarife recordó que, en su momento, el cambio de uso de los terrenos, de industrial a urbano, se hizo bajo el paraguas del PGO de 1992, sin que hubiera cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico. "Pero eso fue legal", dijo.

Sin embargo, aclaró que dentro del polígono ha habido unidades más pequeñas que se han desarrollado y que sí han tenido que entregar ese 10%. Una de ellas es la que albergará la futura Ciudad de la Justicia, que pertenece al Gobierno de Canarias.

"Por esa diferencia de criterio nos ha planteado la moción Sí se Puede", señaló el edil de Urbanismo, quien también coincidió en que como quiera que todo el polígono está desarrollado, lo que cabría ahora es una "compensación económica de la Junta de Compensación al ayuntamiento".

"En este caso, la actuación debe ser aún más ejemplar si cabe, habida cuenta que se está promoviendo el desarrollo urbanístico en los terrenos que restan de la antigua refinería y un precedente como el que se denuncia no sería lo más deseable", advirtió Fernández Arcila.

Por otro lado, el Pleno aprobó iniciar el expediente para modificar las bases de las ayudas a la discapacidad. La moción, presentada por la concejal del PSOE Elena Mateo contó con la intervención, bastante crítica, de la portavoz de Queremos Movernos, Ana Mengíbar, quien lamentó que lleven "dos años esperando" por los cambios en las bases.

"Ya está bien de que se rían de nosotros", afirmó, en referencia a la Concejalía de Atención Social, que dirige Óscar García. El único reconocimiento hacia el grupo de gobierno se lo llevó Gladis de León, edil de Fiestas, "porque han tenido en cuenta nuestras demandas". Finalmente, la intervención del alcalde permitió lograr el acuerdo citado.