Santa Cruz de Tenerife

Dos guardias civiles pueden ir a prisión por discutir con superiores

El secretario provincial de AUGC, Juan Fernández, lleva a la Defensora del Pueblo los casos de agentes de Tenerife y cree que no está justificado aplicarles el Código Penal Militar.
Pedro Fumero, S/C de Tenerife
26/oct/14 01:04
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El Día

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) está muy preocupada por el proceso de "remilitarización" que sufre este cuerpo de seguridad en los últimos tiempos. El secretario general provincial de la organización, Juan Fernández, explica que uno de los elementos que los lleva a pensar así es la reactivación de los asuntos tratados por el Juzgado Togado Militar y el otro es la ampliación del Código Penal Militar en el Congreso de los Diputados.

Fernández indica que, entre los años 2007 y 2011, no llegó ningún caso de agentes destinados en Canarias hasta el citado organismo judicial militar.

Sin embargo, en el 2011 se trató un caso de un funcionario de la provincia de Las Palmas, que acabó ingresando en la prisión militar de Alcalá-Meco.

En el 2013 llegó un asunto de un guardia del puesto de Adeje y en el presente año otro caso con un agente de Garachico. En estos dos últimos procesos el origen fue el mismo: una discusión entre el acusado y un mando.

Cuando ocurre un problema de estas características, se abre un expediente por régimen disciplinario por una falta que se considera grave. Todos los asuntos calificados como "faltas graves" llegan hasta la Fiscalía Togada Militar y es dicho órgano el que determina que debe acabar el proceso de régimen disciplinario e iniciarse diligencias por un delito que puede acabar con penas de cárcel efectivas. Es decir, el agente o mando condenado debe ir a la cárcel, aunque sea por pocos meses, pues no se tienen en cuenta la normativa que se aplica a los civiles (una persona sin antecedentes condenada a dos o menos de dos años de prisión, no llega a entrar en la cárcel).

El pasado lunes le fue notificado al guardia destinado en Garachico que sus diferencias con un sargento a la hora de firmar una documentación iban a ser tratadas como un delito en el citado Juzgado Togado Militar. Según la AUGC, se trata de un agente que tiene 57 años y que, incluso, ha sido distinguido por su labor profesional.

Curiosamente, dicho guardia entra en la reserva el próximo mes de febrero. Es decir, que se puede dar la circunstancia de que entre en prisión tras haber dejado la labor activa en el Instituto Armado.

Fernández señala que "nos siguen tratando como si perteneciéramos a las fuerzas armadas y nos aplican la Ley Militar".

A juicio de Fernández, la "remilitarización" de la Guardia Civil se produce para frenar el avance de las asociaciones profesionales en el Instituto Armado. De hecho, la AUGC ha ido más allá recientemente, ya que ha presentado su solicitud de inscripción como sindicato en el Ministerio de Trabajo. Y sus dirigentes están dispuestos a luchar en los tribunales, tanto en el Constitucional como a nivel europeo.

Juan Fernández señala que la modificación del Código Penal Militar incluye aspectos muy ambiguos para justificar su aplicación, como "salvaguardar la disciplina" o "por necesidades de servicio".

Fernández opina que la "reactivación" de casos por parte del Tribunal Togado Militar se debe, entre otras cosas, a la necesidad de justificar su propia existencia, pues señala que actualmente no hay suficientes casos por provincia para mantener un órgano de este tipo. Aclara que actualmente no hay delitos que justifiquen la aplicación del Código Penal Militar (CPM) a los guardias civiles, como los de "traición" o "sedición".