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El 90% de los profesores sufre situaciones violentas en las aulas

Los recortes de personal, el incremento en la ratio de alumnos por clases y el horario lectivo, así como el déficit de plantillas de apoyo, dificultan la prevención de estas situaciones.
Efe, Madrid
13/ene/18 6:31 AM
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El 90% de los profesores sufre situaciones violentas en las aulas

Nueve de cada diez profesores convive con situaciones de violencia en su centro escolar, como peleas, vejaciones o vandalismo, y el 75% de los docentes cree que tiene muy poca o ninguna autoridad.

Son datos de un estudio presentado por el sindicato CSIF, el más representativo en las administraciones públicas, con 2.000 cuestionarios distribuidos a profesores de centros públicos de Primaria y Secundaria de todas las comunidades autónomas.

El presidente del sector educativo del sindicato, Mario Gutiérrez, consideró que los recortes en personal, el incremento en la ratio de alumnos por clases y el horario lectivo, así como el déficit en las plantillas de apoyo, está dificultando la prevención de estas situaciones.

Los docentes describen amenazas por parte del alumnado y las familias, falta de respeto y de reconocimiento de la autoridad docente, violencia psicológica y situaciones de indefensión.

Según explicó Gutiérrez, más de la cuarta parte de los profesores considera que la vida en las aulas no es agradable y que la disciplina es insuficiente. Las situaciones de violencia más habituales que describen son peleas, insultos y vejaciones entre los alumnos, vandalismo y destrozo de material escolar, violencia psicológica y enfrentamientos a través de redes sociales, como WhatsApp.

Para abordar estas situaciones, el sindicato ha presentado el servicio CSIF Ayuda Profes, un gabinete psicológico especializado en asesorar, prevenir y tratar este tipo de situaciones.

El sindicato alertó de que además de las situaciones graves de violencia, como las agresiones o acoso escolar, a diario se suceden episodios "más sutiles y latentes" en las aulas, para las que reclama actuaciones preventivas y el reconocimiento de la autoridad de estos profesionales.

La profesora Encarna Abascal detalló que para el profesor "es más importante y grave la violencia del día a día soterrada, como los alumnos que faltan al respeto, interrumpen las clases y el docente tiene que imponerse". "A veces los profesores no tienen la autoridad para parar estas situaciones", lamentó Mario Gutiérrez, quien denunció que los profesores aseguran que no siempre tienen el apoyo de la dirección o de otros compañeros.

10.000 posibles casos de acoso escolar

El teléfono contra el acoso escolar ha recibido un total de 28.065 llamadas desde su creación en noviembre de 2016, de las cuales casi 10.000 se estudian como posibles casos de este tipo de acoso. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, recordó que este teléfono (900 018 018) funciona las 24 horas de todos los días del año e insistió en que el acoso escolar "no debe ser un grito en el vacío", sino un "grito sonoro".

 Una modificación para abordar el ciberacoso

El Gobierno dio ayer luz verde a la reforma del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar para promover la mejora de las relaciones que se establecen durante el periodo escolar en los centros educativos y con el fin de abordar nuevos problemas como el ciberacoso.

Lo hizo el Consejo de Ministros al aprobar un real decreto que modifica uno anterior, de 2007, por el que se creó este observatorio estatal, que no ha resultado operativo debido a la gran cantidad y variedad de miembros y a la rigidez de su funcionamiento.

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, reconoció que este organismo sólo se había reunido tres veces y era "demasiado grande", por lo que se ha reducido su número de miembros de 71 a 47. Además, se ha actualizado para incluir nuevos "peligros", como el ciberacoso.

Méndez de Vigo explicó que en el nuevo Observatorio participarán representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, además de las administraciones central y autonómica, los sindicatos y asociaciones de padres.

De esta forma, el Ejecutivo confía en que el cambio aprobado tenga un impacto positivo sobre la infancia y la adolescencia, la familia, así como en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad.