Sociedad

Valle Tabares y La Montañeta están en una situación límite

Los dos centros educativos para menores infractores del Archipiélago tienen problemas de saturación; en Tenerife hay en la actualidad cien internos y en Gran Canaria 70 jóvenes.
Jorge Dávila, Santa Cruz de Tenerife
6/mar/19 6:18 AM
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Jorge Dávila, Santa Cruz de Tenerife

"Los centros de menores no son cárceles". Esta frase es clave para saber interpretar la realidad que se vive en la actualidad en los Centros de Internamiento Educativo para Menores Infractores (CIEMI) que existen en el Archipiélago. Uno es el de Valle Tabares (La Laguna), el otro el de La Montañeta (Las Palmas de Gran Canaria). Los dos están saturados y sus internos sufren las consecuencias de un dañino hacinamiento que pone en graves dificultades las estrategias de reinserción que impulsan profesionales como la jueza Reyes Martel, titular del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, y, a su vez, presidenta del proyecto Up2u (Depende de ti). Ella es la dueña de un comentario que cobra unos tintes mucho más preocupantes cuando se analizan los datos con frialdad.

En Canarias existen 1.650 menores que están afectados por medidas judiciales, otros dos mil tienen algún tipo de protección -en España se censaron 13.012 jóvenes en este apartado durante 2018- y 170 cumplen las resoluciones juríricas en los CIEMI. "El mayor problema se da en Tenerife y en Gran Canaria, que es donde se encuentran estos dos complejos, pero por detrás se acumulan las dificultades en islas como Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro", enumera la magistrada. La principal dificultad, según Reyes Martel, es que esos datos no son estáticos: "Van creciendo a medida que se dictan las sentencias", rubrica.

Otra de las barreras que no son sencillas de sobrepasar está asociada con los problemas a los que se enfrentan las familias en el instante en el que pretenden llevar a cabo una acogida al cien por cien. "Esa es una ley que presenta deficiencias. Sobre todo, en la etapa que viene a continuación del acogimiento preadoptivo. Todos sabemos cómo terminó el caso de Piedad. Muchas familias todavía se resisten a no poder agotar el procedimiento para al final perder la condición de padres". Las etiquetas sociales, sin duda, es otro de los aspectos que la impulsora de Up2u (Depende de ti) aborda a la hora de analizar el elevado porcentaje de menores no acompañados que hay en las Islas. "Muchos creen que el problema está relacionado con la inmigración irregular, pero aquí solo hay unos 400 menores no acompañados que proceden de esa vía", añadiendo que "existe una idea generalizada de que siempre son ellos los que originan los conflictos".

Respecto al perfil de las personas que están dentro de estos grupos de riesgo, Martel Rodríguez avisa de que se han roto los moldes del pasado. "Un menor conflictivo ya no solo crece en el seno de una familia desestructurada, en la que hay problemas económicos, de adicciones -alcohol y drogas- o de desarraigos", enumera justo antes de abrir una puerta que da a un escenario que está inundado de peligros. "Los delitos patrimoniales continúan estando en la parte superior de la pirámide, pero las diligencias abiertas por acoso escolar, bullying o sexting no paran de crecer... Las agresiones a las figuras paternas y los vinculados con las nuevas tecnologías, en todas sus modalidades, también se han disparado. Y ahí ya no tiene tanto que ver el entorno familiar en el que un niño o una niña haya crecido... El síndrome del emperador se da un día sí y al otro también", descubre en un punto de la entrevista en el que deja claro que "tu hijo no te va a querer más por el hecho de que le regales un iPhone 7 o un Samsung. Un buen número de los adolescentes que son puestos ante la autoridad judicial proceden de buenas familias; de núcleos que les han puesto las cosas demasiado fáciles cada vez que el menor abría la boca para quejarse o pedir algo; la lista de los Reyes Magos, los cumpleaños crean situaciones que no son sencillas de sobrellevar", recomienda al tiempo que marca con un comentario en rojo que "el ritmo de vida que llevamos no facilita que lleguemos a conocer bien a nuestros hijos y el riesgo de que se pierdan es alto".

Los maltratos físicos y psicológicos entre menores es uno de los grandes caballos de batalla en las cuatro unidades judiciales que existen en Canarias. "Al margen de las conductas agresivas que han aumentado, también resulta extremadamente complejo ver cómo un desconocido trata de atar cada uno de tus movimientos en el WhatsApp y a través de las redes sociales. Eso es algo que digo una y otra vez cada vez que me reúno con ellas, pero lo peor, a veces, no es que sucedan esas cosas sino la sensación de que no está ocurriendo nada que no tengan que pasar en una relación tóxica. Una niña no puede normalizar que un noviete le controle el móvil, su ropa y con quién sale".

Reyes Martel no oculta que "en algo estamos fallando; errando a largo plazo porque la huella de un sexting es algo que te puede acompañar a lo largo de toda tu vida", avisa la jurista antes de regresar al interior de los centros de Valle Tabares y La Montañeta.

En la última memoria de la Fiscalía de Canarias que se ha publicado se vuelve a hacer referencia a la antigüedad, la congestión y los problemas para aplicar las medidas correctoras oportunas en los CIEMI. "Eso no ha cambiado nada", critica Martel Rodríguez cuando afronta los problemas de espacio denunciados en La Montañeta (70 plazas - 8.000 metros cuadrados) y en Valle Tabares (100 plazas disponibles - 30.000 metros cuadrados). "Los centros de menores no son cárceles; son espacios en los que deben existir unos márgenes para poder trabajar con esos niños y niñas. Lo ideal es que sean complejos agradables para trabajar y en los que se organicen actividades que ahora no son fáciles de planificar, a pesar de que el de Tenerife es mucho más grande que el de Gran Canaria".

Pero ese punto de saturación no es la única deficiencia que se pone de manifiesto en Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna. "La ley especifica que el personal especializado debe trabajar con la familia y, por lo tanto, no es aconsejable separar a padres e hijos. Eso es imposible de cumplir cuando tienes que efectuar el traslado de un menor desde Fuerteventura a Tenerife porque en Gran Canaria no quedan vacantes".

"Una varita que hay que enderezar". Así ve Reyes Martel a sus niños y niñas. "A mí no me gusta llamarlos menores problemáticos o no acompañados". La falta de herramientas que denuncia la abogada grancanaria no es un problema exclusivo de esta comunidad. "Todos los años nos reunimos los jueces de toda España para intercambiar asuntos que son del interés general y le aseguro que ese es un asunto que aparece en todas las conversaciones. Sí. Falta más apoyos por parte de la administración pública, pero la sociedad también debe poner algo de su parte. No podemos tratar para siempre a estos jóvenes como delincuentes por algo que hicieron en un instante de sus vidas que no fue lo correcto. Ocho de cada diez de esas varitas torcidas pueden volver a recuperar su rectitud. Este es un asunto árido que no se soluciona de la noche a la mañana. Ni siquiera poner muchos medios es una garantía de éxito. Hace falta implicarse en proyectos como el que pusimos en marcha en una platanera de Gran Canaria en dos ediciones. En los dos casos los jóvenes certificaron los conocimientos de cara a una futura oportunidad laboral, pero la primera vez se quedaron trabajando cuatro de los 10 participantes en el curso y la segunda cinco".

"Los jueces de menores somos unos desconocidos para la ciudadanía", sostiene la canaria cuando entramos en una fase del diálogo marcada por el contenido de sus decisiones. "Nosotros no dictamos sentencias, sino medidas judiciales", aclara para definir el tres en uno que envuelve el día a día de esta figura clave en la rehabilitación de adolescentes. "Somos jueces de garantía durante la instrucción de las diligencias, de enjuiciamiento civil en el momento en el que juzgamos a los chicos y protección durante el tiempo que está en rigor cada una de las medidas que tomamos", dice de forma escalonada sin perder de vista un hecho que complica aún más sus rutinas. "Cuando tienes a tu cargo a un niño viajero, que es un menor que comete infracciones en distintos puntos de la geografía nacional, el radio de acción crece porque el primer juez es el que debe hacerse cargo de todas las diligencias que vengan a posteriori", aclara sin generar una figura entre lo que es la reinserción y su conexión con el Programa de Intervención Educativo (PIE). "Algunos le ponemos un poco más de creatividad que otros, pero nuestra obligación es generar esa nueva oportunidad", cuenta respecto a la aplicación de medidas como puede ser acometer el camino de Santiago desde este archipiélago en una aventura que tuvo un seguimiento nacional: 109 jóvenes en una iniciativa que, además, contó con la participación de más de un centenar de voluntarios. Por ese extremo se divisa una parte de lo que se proyecta desde Up2u (Depende de ti).

El "Depende de ti" cobra un sentido especial cuando la jueza se enfrenta cara a cara con un menor. "Vienen con una mochila de problemas tan cargada que no sabes por dónde empezar. Se derrumban ante ti y lloran porque no dejan de ser niños que acumulan un sinfín de problemas que la mayoría de las veces superan a la edad que realmente tienen. Ellos te van a mentir, pero ante eso lo único que puedes decirle es eso: ¿Quieres salir de esa situación?" En este instante el "Depende de ti" roza una dimensión extraordinaria. "El quid de la cuestión es que existen valores que se entienden mejor en un formato grupal. Un técnico que ha realizado un seguimiento del niño sabe identificar cuál es su grado de frustración, por qué carece de empatía o dónde ha extraviado sus principios solidarios. Esos valores están dentro de nosotros, pero en algunos casos hay que trabajarlos para que no se conviertan en un obstáculo insalvable", concluye.

Reyes Martel

Jueza de Menores / presidenta de Up2u (Depende de ti)

las cifras

1.650 menores tienen medidas judiciales en el Archipiélago, aunque ese número cambia en base a las sentencias que se dictan a diario: la cifra varía entre los 1.500 y 1.700.

2.000 adolescentes conforman el censo de menores a los que el sistema judicial ya les ha aplicado alguna medida de protección con el objeto de evitar males mayores.

400 jóvenes no acompañados proceden de la inmigración irregular. En 2018 llegaron a España 4.835 niños, un dato bastante superior al que se dio en 2015 (414).

170 internos conforman los censos de los Centros de Internamientos Educativos para Menores Infractores que permanecen abiertos en las dos capitales canarias.

109 chicos que están sujetos a medidas judiciales en este país participaron en 2018 en una medida impulsada por Up2u consistente en hacer el Camino de Santiago.

80% de los niños y niñas que se han visto afectados por una medida judicial se llegan a reinsertar, aunque la jueza Reyes Martel reconoce que una de las principales trabas a la hora de propiciar esta "segunda oportunidad" es la falta de herramientas para acometer el proceso con plenas garantías.