Tenerife Sur

IUC pide al alcalde que dimita por su gestión en depuración y vertidos

El concejal Francisco Hernández vaticina que la sanción semestral de 800.000 euros impuesta por Europa al Valle de Güímar "lastrará" la economía municipal de la próxima década.
J.A. Medina, Arafo
26/nov/18 6:20 AM
Edición impresa

J.A. Medina, Arafo

"Creo que toca pedir responsabilidades públicas, descartando toda posibilidad de continuismo del actual alcalde. La dimisión de José Juan Lemes y de los responsables del área, por no saber gestionar este asunto y poner en riesgo más que evidente la salud económica de mi pueblo, tiene que ser inmediata. Si de verdad les importa Arafo y su gente debe irse", asegura el concejal de Izquierda Unida (IUC), Francisco Hernández.

El motivo es la multa estimada de 900.000 euros y la sanción semestral de otros 800.000 que impuso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Valle de Güímar en el marco de su sentencia contra España por incumplir los artículos 3 y 4 de la Directiva de la UE en saneamiento y en depuración.

Francis Hernández sostiene que "estamos ante el mayor problema que tiene la comarca y que no han sabido gestionar los tres municipios". En su análisis mantiene que como causas de esta situación "la actitud infantiloide de Luisi Castro (alcaldesa de Güímar), derivando su irresponsabilidad a otra instancia; la inoperancia de Lemes, debido a la mala estructuración de las soluciones y por mirar a otro lado cuando advertíamos del grave problema que se nos venía encima, y el silencio pasivo de Mary Brito (alcaldesa de Candelaria), el cual quiero pensar que no está motivado por el signo político (PSOE) del Consejo Insular de Aguas y que esto reste efectividad a sus acciones".

La situación es "doblemente preocupante", porque "la demora" de la solución a los vertidos y la "inoperancia gubernamental, al no tipificar el problema de extrema urgencia y agilizar de inmediato la ficha financiera, el proyecto y la puesta en marcha de las obras" prolongó el daño al mar y "poner en peligro cientos de puestos de trabajo en el Polígono Industrial del Valle de Güímar".

La sanción semestral de 800.000 euros a Tenerife "temo que se derivará a los municipios, quedando el otro 50% de responsabilidad -que recae en el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los empresarios, por no actuar y por mirar a otro lado- exento de manera injusta en el reparto del pago de esta sanción". Hernández entiende que afrontar este pago semestral "es imposible para Arafo, máxime cuando la puesta en servicio de la depuradora industrial se producirá en tres años, como mínimo, viendo el incumplimiento de los plazos".

El procedimiento interno de investigación no ha concluido

Francisco Hernández (IUC) señala que las declaraciones del consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, sobre la situación en saneamiento y depuración "ponen de manifiesto el caótico y preocupante momento que pasa esta Isla y, concretamente, el Valle de Güímar en tratamiento y vertidos sin depurar al mar". El edil califica de "penosa, inepta e ineficaz" la disputa entre ayuntamientos y Cabildo: "No asumir de inmediato y proporcionalmente entre las administraciones esta sanción podría ocasionar un parón económico en municipios como el de Arafo, donde aún se está pagando una deuda inmensa generada por los mismos que han gestionado de manera lastimosa el Polígono Industrial Valle de Güímar", apostilla.