Tenerife

Seis votos por correo de Ínsula Viable

La sentencia del Supremo sobre el 'caso Las Teresitas' y su ejecución por parte de la Audiencia Provincial impedirán a los condenados acudir el 28 de abril a su colegio electoral.
J. Espinel/H. Gonar
29/mar/19 6:21 AM
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J. Espinel/H. Gonar

Catorce años han transcurrido desde la primera denuncia por el caso Las Teresitas, interpuesta por el colectivo Ínsula Viable, auspiciado por Santiago Pérez y José Ángel Martín, hasta que el Tribunal Supremo desestimó ayer los recursos en casación de los condenados por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y, por ende, ratificó los años de prisión impuestos a los políticos Miguel Zerolo, exalcalde de la capital, y Manuel Parejo, exconcejal de Urbanismo; los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, y los funcionarios José Tomás Martín, exgerente de Urbanismo, y Juan Víctor Reyes, exsecretario de la referida gerencia.

La tarde del pasado miércoles, Miguel Zerolo aguardaba en el hoyo 19 del campo de golf de Tacoronte un desenlace que ya intuía que iba a ser inminente. Y eso que esperaba desde abril de 2017 por la resolución del recurso de casación que había interpuesto, justo al resto de los condenados, a la sentencia de la Audiencia Provincial, un largo proceso sobre unos hechos que se remontan a 2001 y que se judicializaron en 2005.

La sentencia del Tribunal Supremo es firme, y aunque ellos pueden interponer una aclaración o un recurso ante el Constitucional, solo conseguirían, en el primero de los casos, dilatar la entrada en prisión, pues acudir al TC no sortea el cumplimiento de la condena, que será efectiva cuando la Audiencia Provincial reciba, en el plazo de dos semanas, los autos -no se comunican de forma telemática- y dicte el plazo para que los condenados ingresen en prisión.

¿Cuándo será? Sirva como ejemplo uno de los últimos casos: el abogado Mauricio Hayek, a quien la Audiencia Provincial concedió 10 días para ingresar en prisión por la condena del caso Las Huertas.

Una de las fuentes consultadas ayer porEl Día recomendó a los condenados que soliciten el voto por correo porque el domingo 28 de abril, fecha establecida para las elecciones generales, ya podrían estar en prisión. También precisó que no podrán solicitar el ingreso voluntario en la cárcel hasta que la Audiencia Provincial dicte el correspondiente auto.

En estado de shock se encontraba ayer alguno de los condenados, tras conocer por una nota de prensa del Supremo cuál va a ser su futuro en unas semanas.

Manuel Parejo Alfonso

Neurólogo de profesión, ocupaba la Concejalía de Urbanismo cuando se llevó a cabo la compraventa de los terrenos de Las Teresitas. No es la primera vez que tendrá que dormir en la cárcel, pues ya tuvo que hacerlo como consecuencia de los tres años de prisión y 15 de inhabilitación a los que fue condenado por el caso mamotreto. De la época que estuvo en la corporación capitalina (1991-2011) se han derivado otros procesos judiciales en los que se vio inmerso, como el de la casa Siliuto y la Ninfa, de los que quedó absuelto. Tiene pendientes también otros litigios generados por la Clínica Parque, de la que era propietario.

Manuel Parejo entró a formar parte del Ayuntamiento de Santa Cruz en 1991, de la mano de Manuel Hermoso, aunque en ese mandato, como consecuencia de los pactos a nivel regional, la Alcaldía la desempeñó José Emilio García Gómez, quien lo puso al frente de una de las tres macroáreas en las que dividió la gestión municipal. En el siguiente mandato, ya con Miguel Zerolo como alcalde, se ocupó de la Concejalía de Economía y Hacienda y, posteriormente, de Urbanismo.

Ignacio González Martín

Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife desde 1998 hasta 2013, Ignacio González Martín nació 1936 en Santa Cruz de La Palma, en el seno de una familia humilde, y con 17 años emigró a Venezuela, donde trabajó incansablemente mientras estudiaba Economía en la Universidad de Punto Fijo en el Estado venezolano de Falcón. En 1962 regresó a Canarias, donde comenzó su actividad profesional en el sector de la automoción. Vultesa ha sido la matriz de su gran proyecto empresarial. Su olfato para los negocios le ha llevado a liderar empresas en la mayoría de los sectores económicos.

La condena de cinco años de prisión y catorce de inhabilitación como promotor de obra pública le llega a los 83 años, cuando ya se encuentra alejado de la primera línea tanto de la vida pública como empresarial. No hay que olvidar que estuvo al frente del Partido Popular de Tenerife durante ocho años, cargo que dejó para coger la dirección de la Cámara. Aunque se ha visto salpicado por algunas investigaciones judiciales a lo largo de su carrera política y empresarial, es la primera vez que resulta condenado.

Juan Víctor Reyes, secretario de la Gerencia de Urbanismo

Puede presumir de llevar más de media vida como funcionario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, administración en la que comenzó hace 33 años como cobrador celador del Mercado Nuestra Señora de África. A sus 62 años de edad, este licenciado en Derecho afrontó diferentes oposiciones de promoción interna, primero para lograr la plaza en propiedad y luego para ascender.

Es la primera vez que ha sido condenado por la labor que desarrolló en la Gerencia de Urbanismo como secretario, si bien estuvo acusado tanto en la causa judicial del Parque Marítimo II como en Siliuto, de las que fue declarado absuelto en cada caso.

Víctor Reyes, que junto a José Tomás Martín eran los funcionarios de mayor responsabilidad en el momento de la compraventa de Las Teresitas, abandonó la secretaría de la Gerencia de Urbanismo en 2011, para incorporarse al área de Infraestructuras, de Santa Cruz, y desde noviembre de 2008, en comisión de servicio, como jefe de Medio Ambiente.

Miguel Zerolo Aguilar

El exacalde de Santa Cruz (26 de febrero de 1957) ingresará en prisión -su intención es hacerlo en Tenerife II- después de haber sido condenado ya por el Tribunal Supremo en 2014 a ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa relacionado con el caso García Cabrera.

Licenciado en Derecho, Miguel Zerolo comienza su carrera política con el inicio de la democracia, al ser elegido concejal de Santa Cruz desde 1979, primero con UCD y después, en 1983, con ATI. Ha pasado por el Cabildo de Tenerife (1987-1990), donde llega a ser vicepresidente; Gobierno de Canarias (1990-1995), con un destacado papel en la Consejería de Turismo y Transportes; Senado (2011-2014) elegido por la Cámara Autonómica, a la que accedió en 2003. En total, 35 años ininterrupidos dedicado a la vida política. Su regreso al Ayuntamiento de Santa Cruz, en el que permanecería hasta 2011, fue en 1995, con la misión de reemplazar al frente de la Alcaldía a Manuel Hermoso, que daba paso a la segunda generación de ATI en la capital. Zerolo superó a su mentor en años al frente del municipio.

Antonio Plasencia

El expresidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), natural de La Gomera, arrastra ya una condena -fruto de un acuerdo para evitar la cárcel- de un año y tres meses de prisión, además de una indemnización de 52 millones de euros, como consecuencia de la extracción ilegal de áridos de los barrancos de Güímar. Ahora sí que tendrá que ingresar en prisión, ya que la pena del Supremo asciende a cinco años.

Antonio Plasencia ha sido considerado durante muchos años uno de los empresarios más poderosos y con mayor fortuna de Tenerife y un buen número de las obras que se han llevado a cabo en la Isla llevan su sello. Junto a Ignacio González Martín creó Inversiones Las Teresitas (ILT) en 1998, sociedad que compró y posteriormente vendió las once parcelas de la playa de Las Teresitas, y que, según la Fiscalía, se convirtió en un pelotazo de libro. El Ayuntamiento de Santa Cruz pagó 53 millones de euros a la empresa de González y Plasencia, 34 millones más del valor establecido por la exarquitecta municipal Pía Oramas.

José Tomás Martín, gerente de Urbanismo

Natural de la localidad palmera de Tazacorte, José Tomás Martín, licenciado en Derecho, accedió a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital tinerfeña en 1999, dos años antes de la operación de compraventa por la que ha sido condenado. Con anterioridad a su incorporación como funcionario de la Corporación municipal de Santa Cruz, José Tomás Martín fue secretario del Ayuntamiento de Arico. En diciembre de 2007, coincidiendo con la designación de Luz Reverón, entonces en las filas de CC, al frente de Urbanismo, se produce su salida de la Gerencia, siendo sustituido por Eduardo Risueño.

Nunca hasta ahora había sido condenado, si bien fue acusado en diferentes causas, como las denuncias por coacciones al ordenar a una empresa constructora a derribar la Lechería Lolita sin orden judicial, o los reproches por la gestión en la reconstrucción de la demolida Casa Roja, en Residencia Anaga. Desde 2010, José Tomás Martín se incorporó a la secretaría del Ayuntamiento de Tegueste, administración a la que ahora se cuestiona la concesión de la licencia de una gasolinera.