Santa Cruz de Tenerife

Los obispos instan a los católicos a oponerse frontalmente al matrimonio homosexual

La Conferencia Episcopal Española tachó ayer la ley de injusta y de corromper la institución del matrimonio, y recalcó que no tiene fuerza moral para obligar a nadie. El Gobierno insiste en que ha cumplido con su deber.
EFE, Madrid
7/may/05 06:15
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La Conferencia Episcopal Española (CEE) afirmó ayer que "los católicos no pueden votar a favor de la ley del matrimonio homosexual", proyecto normativo que tachan de "injusto y de corromper la institución del matrimonio", y advierten de que "no tiene fuerza moral para obligar a nadie".

En una nota de su Comité Ejecutivo y leída por el portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, los obispos afirman que la ley que se pretende aprobar "carecería propiamente del carácter de una verdadera ley, puesto que se hallaría en contradicción con la recta razón y con la norma moral", y, por ello, aseguran que en su aplicación "no tiene fuerza de obligar a nadie" y "cada cual podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia".

El comunicado, "uno de los más duros" emitidos en los últimos años por la Conferencia Episcopal Española, según valoraron fuentes eclesiásticas, añade que "oponerse a disposiciones inmorales, contrarias a la razón, no es ir en contra de nadie, sino a favor del amor a la verdad y del bien de cada persona".

Para la CEE, "no es verdad que esta normativa amplíe ningún derecho, porque la unión de personas del mismo sexo no puede ser matrimonio. Lo que se hace es corromper la institución del matrimonio". "Esa unión, agrega el documento, es en realidad una falsificación legal del matrimonio, tan dañina para el bien común, como lo es la moneda falsa para la economía de un país". El Comité Ejecutivo de la CEE expresa su dolor por "el perjuicio que se causará a los niños entregados en adopción a esos falsos matrimonios y en los jóvenes a quienes se dificultará o impedirá una educación adecuada para el verdadero matrimonio". Piensan "también en las escuelas y en los educadores a quienes, de un modo u otro, se les exigirá explicar a sus alumnos que, en España, el matrimonio no será ya la unión de un hombre y de una mujer".

Mientras, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, expresó ayer su "máximo respeto" a las posiciones de la Iglesia Católica, pero insistió en que el Ejecutivo cumple con su deber, remarcó que los matrimonios homosexuales "no perjudican a nadie" y reiteró que se cumplirá la ley.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega respondió así al comunicado difundido esta mañana por la Conferencia Episcopal. "En la realidad práctica, no se va a plantear ningún problema por parte de la administración para aplicar la ley; si un concejal no quiere efectuar una boda, siempre tendrá otro concejal al lado que sí querrá. Lo importante es que los ciudadanos puedan acogerse a este derecho y que nadie vea por una cuestión moral respetable restringidos sus derechos", agregó.

Fernández de la Vega señaló que no polemiza con las opiniones de la Iglesia Católica, pues, "la posición del Gobierno es de máximo respeto a sus planteamientos, no hay por confrontación" y "reitero que el Gobierno cumple con su deber, y quien decide sobre las formas de matrimonio civil, que no religioso, es la soberanía nacional, el Parlamento".

"En cumplimiento de nuestros compromisos -precisó-, y respondiendo al objetivo de ampliar derechos de personas que hasta ahora no lo tenían, hemos legislado una iniciativa que amplía el matrimonio civil; es una buena medida de ampliación de derechos".